Aunque personalmente no comparto su opinión, según los expertos en mercadotecnia política el mayor tesoro de un candidato a un cargo de elección popular es la promesa de campaña.
Gracias a ella, los candidatos pueden transmitir a un electorado cada vez más diferenciado y alejado de la política la oferta electoral que teóricamente traducirán en acciones en caso de verse favorecidos con el voto.
Los ciudadanos, por su parte, están en posibilidad de votar a los candidatos cuya promesa electoral más les convenza o por aquellos cuyos antecedentes personales o partidistas permitan prever que cumplirán al menos una parte importante de lo que han prometido.
Los problemas surgen cuando, una vez electos, quienes solicitaron y obtuvieron el voto popular se percatan de su incapacidad para cumplir aquello a lo que se comprometieron –en el mejor de los casos debido a la falta de recursos; en el peor, porque simple y sencillamente mintieron –, o de algo que considero más grave aún: la superficialidad y bajo impacto de sus propuestas.
Es en este momento en el que la innegable fuerza de la promesa de campaña se revierte en contra de aquel que la realizó, del propio sistema político y de la sociedad en su conjunto.
Con la intención de no pagar los costos electorales de la falta de propuestas o los costos políticos del incumplimiento de las mismas, los candidatos y sus partidos optan por construir una oferta electoral endeble, con una visión de largo plazo nula o casi nula.
En el ánimo de obtener el mayor número de votos se sacrifica el porvenir y se dejan de lado las propuestas de largo alcance que tanto se requieren.
El pragmatismo de lo inmediato triunfa sobre la visión de futuro.
La búsqueda del interés general cede su lugar a la satisfacción de intereses particulares e incluso de clientelas políticas, anulando así la posibilidad de construir un mejor mañana.
Es cierto que en un contexto democrático liberal tampoco sería correcto ni legítimo sacrificar a las generaciones presentes, que votan, en pos de las que aún no existen y no lo hacen.
Lo que es un hecho es que mucho debe preocupar que la suma de las promesas de lo inmediato, en lugar de plantear un futuro más sólido, lo comprometan e hipotequen.
De algo similar han sido acusados los dos partidos políticos más importantes de España en las últimas semanas.
El 9 de marzo próximo habrá elecciones generales. El parlamento español se renovará en su totalidad.
Dado que este país es una democracia parlamentaria, el dirigente del partido político que logre contar con la mitad más uno de los escaños en el Congreso de los Diputados será el próximo presidente de España.
Es por ello que los dos principales institutos políticos, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español se han apresurado a lanzar al electorado sus promesas de campaña.
Ya se ven por Madrid y por todo el país espectaculares con las fotografías de José Luis Rodríguez Zapatero del PSOE, quien busca la reelección; así como de Mariano Rajoy del PP, que busca la revancha de las elecciones de hace cuatro años, que estuvieron marcadas por los atentados de Atocha, que sólo tres días antes habían conmocionado a España y al mundo.
A pesar de que en teoría la campaña electoral inicia hasta el 22 de febrero – sólo duran tres semanas – los medios de comunicación están saturados de cortes de listones por toda la península y de noticias relacionadas con las próximas elecciones.
Con singular soltura, si Mariano Rajoy propone pasar de 140 a 160 mil efectivos de policía y guardia civil, casi inmediatamente Rodríguez Zapatero incrementa la oferta a 180 mil.
Si el PSOE propone ampliar a más de un millón de familias la ayuda anual de 500 euros por cada hijo menor de 3 años y de 300 euros por cada menor de 18 años, el PP hace lo propio, planteando una rebaja general de impuestos o atención buco dental gratuita a los menores de 18 y mayores de 65.
La frase de Julián Álvarez, candidato a la Junta de Andalucía por la minoritaria Coalición Andalucista, definió correctamente la situación como una “subasta de dinero”.
No olvidemos que actualmente las finanzas españolas se encuentran en un periodo de auge. Al estado español le sobran cerca de 30 mil millones de euros cada año – casi la mitad de la deuda externa de México –, así que los partidos se han apresurado a encontrar la forma de gastarlo.
La imaginación y altruismo de los aspirantes se ha visto altamente estimulada en los últimos días.
Las cifras de la encuesta realizada por el prestigiado Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dadas a conocer esta semana, otorgan al PSOE un 40.2% de los votos, contra un 38.7% del PP; prácticamente un empate técnico.
Incluso el Partido Popular, que había aplazado su decisión, ha aceptado participar en los dos debates televisivos que se llevarán a cabo el 25 de febrero y el 3 marzo siguientes.
Por cierto, hablando de televisión, muy criticado fue el actuar del presidente José Luis Rodríguez Zapatero durante la entrevista que le realizó el respetado periodista Iñaki Gabilondo.
Terminada la entrevista, Zapatero no se percató que aún le gravaban, olvidando aquella primera regla de cualquier curso básico de técnicas de comunicación que indica que, salvo muy contadas excepciones, no hay micrófonos apagados.
Cuando su entrevistador le preguntó “en corto” cómo iban las cosas, el líder del PSOE se apresuró a responder: “Bien… sin problemas, lo que pasa es que lo que nos conviene es que haya tensión”.
En un país en el que la “tensión” política se ha llegado a manifestar no pocas veces mediante un atentado con bomba, es evidente que la desafortunada frase causó gran polémica, pues se acusó a Rodríguez Zapatero de generar intencionadamente un ambiente de crispación y polarización política.
El resultado está a la vista y se ve reflejado en la propia encuesta del Centro de Investigaciones Sociales.
Cuando se preguntó a los más de 18 mil encuestados qué tanto valoraban la política su respuesta fue: Mucho 5.6%, bastante 23.9%, poco 38.7% y nada 31.0%.
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