domingo, 31 de agosto de 2008

Penas y autoridades que dan pena


El 13 de enero pasado la niña Mari Luz Cortés, de cinco años de edad, desapareció sin dejar rastro.

El caso inmediatamente causó un alto impacto entre los vecinos de la sureña ciudad española de Huelva, en donde habitaba.

Poco después, gracias a la amplísima cobertura de los medios de comunicación, la desaparición de la menor se convirtió en un tema de relevancia nacional.

Mientras miles la buscaban y otros tantos se manifestaban por toda España para exigir su retorno, su familia imploraba piedad a aquellos que suponían la mantenían cautiva.

Las autoridades, desconcertadas, no lograban dar a la opinión pública ni la información ni los resultados que exigía.

La pista de Mari Luz se había desvanecido a sólo cien metros de su casa, distancia a la que se encontraba el expendio de dulces al que habitualmente acudía y del cual se sabía con certeza había salido para regresar a su hogar.

Casi dos meses después, el 7 de marzo, se hizo realidad la peor de las pesadillas de la familia Cortés y de los millones de españoles que seguían con atención el caso. El cuerpo sin vida de Mari Luz fue encontrado flotando en el mar.

Días más tarde, el 25 de marzo, la policía nacional detuvo a Santiago del Valle y a su esposa Isabel García como presuntos autores del crimen.

A las pocas horas de la detención de los homicidas, que vivían a metros del hogar de Mari Luz, comenzaron a hacerse públicas distintas anomalías que evidenciaron, además de la clara culpabilidad de la pareja, una cadena de negligencias de parte de las autoridades, que en gran medida contribuyó a los lamentables hechos.

Fue entonces cuando el caso dio un estrepitoso vuelco. Detenidos los criminales, el banquillo de los acusados fue ocupado por el propio sistema judicial español, que pasó de ser juzgador a ser juzgado.

Y es que no era la primera ocasión en que la nefasta pareja se veía envuelta en incidentes de carácter ilícito. Se trataba, por decir lo menos, de unos pájaros de cuenta consumados.

Al momento de asesinar a la niña Mari Luz, Santiago del Valle e Isabel García debían haber estado tras las rejas, pues sobre ellos pesaban diversas condenas previas.

En 1999, del Valle y su esposa fueron acusados de cometer abusos sexuales contra su propia hija, que casualmente contaba entonces con los mismos cinco años de Mari Luz.

Para intentar evadir la acción de la justicia, acusaron judicialmente por dichos delitos a un maestro de educación física, al que incluso pidieron 60 mil euros para reparar el daño que en el colmo del cinismo decían les había inflingido.

Queda como constancia macabra de ello, la entrevista que en el año 2002 le hiciera una televisora a Santiago del Valle. “Antes de abusar de mi hija, abusaría de cualquier mayor que no me tocara nada”, anunciaba soberbio el pederasta.

A pesar de sus maniobras, ese mismo año un juzgado los condenó por los abusos sexuales cometidos contra su menor hija. Dicha condena fue confirmada hasta 2005 por la Audiencia Provincial de Sevilla.

Según la sentencia, dos años y nueve meses debía pasar del Valle tras las rejas, mientras su esposa tendría que estar recluida en internamiento psiquiátrico penitenciario quince meses. También se les retiró la patria potestad de sus dos hijas, que hoy cuentan con quince y nueve años y se encuentran con dos familias de acogida.

Sin embargo, los entonces pederastas y hoy asesinos no pasaron ni un minuto en prisión.

Debido a sus constantes y premeditados cambios de domicilio nunca fue posible notificarles la sentencia que les condenaba.

En 2006, el juez que los declaro culpables emitió una “averiguación de paradero” que, al no resultar exitosa, se constituyó en el mejor pretexto de la justicia para no ejecutarles la pena que les correspondía. Nunca se dictó una orden de “búsqueda y captura”.

Fue así como, mientras el sistema judicial español se envolvía en su propia burocracia y autocomplacencia, Santiago del Valle seguía intentando abusar de menores utilizando todos los medios a su alcance.

Cada día de retraso del sistema impartición y procuración de justicia español era aprovechado por el pederasta para cometer más delitos, quien actuaba confiado de que nunca pagaría por sus actos.

Muchas fueron sus andanzas después de 1999.

En diciembre de 2004 fue condenado por el juzgado penal 4 de Sevilla a dos años de cárcel por abusar sexualmente de una niña de 9 años. Tampoco purgó esta condena.

Intentó hacer lo mismo con una menor de la ciudad asturiana de Gijón, con la que buscó mantener relaciones sexuales mediante engaños por Internet. Afortunadamente, la madre de la menor lo descubrió, denunció los hechos a la policía y al pederasta se le impuso una orden de alejamiento que salvó a la niña de un fatal destino.

Pero sus faltas no terminaron ahí. El juzgado octavo de instrucción de Sevilla, que se encuentra a sólo unos pasos del juzgado primero –que se suponía lo buscaba para que purgara la condena impuesta por los abusos contra sus propias hijas– le abrió una causa por tocamientos libidinosos contra una menor en el año 2006.

Como monumento a la ineficacia y negligencia queda el hecho de que por esta última denuncia Santiago del Valle acudía a firmar a los juzgados todos los días 1 y 15.

Para conservar la libertad que le permitía seguir delinquiendo, en su camino quincenal al juzgado octavo, pasaba a no más de diez metros del juzgado primero ¡Cuanta risa debe haberle ocasionado!

Pero los padres de Mari Luz no se limitaron a exigir justicia al sistema que, por su ineficacia, había dejado libre al pederasta que convertido en homicida, les había privado de su hija.

En un acto de franco valor, pocas semanas después de haber sido encontrado el cuerpo de Mari Luz, su familia emprendió un largo camino para recorrer toda España con el propósito de reunir 500 mil firmas en apoyo de un endurecimiento de las penas contra los pederastas.

En mayo, al entrevistarse con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ya habían recabado las firmas que buscaban.

El 23 de julio, cuando Mariano Rajoy y Rodríguez Zapatero alcanzaron, en nombre de los dos grandes partidos políticos españoles, un acuerdo contra la pederastia –de esos que últimamente son muy escasos en España y otros países– Juan José Cortés, padre de Mari Luz, ya había reunido más de dos millones de firmas que apoyaban la cadena perpetua contra los pederastas.

Gracias a una tragedia familiar, que se convirtió en un movimiento ciudadano, es cuestión de meses para que se apruebe una reforma al Código Penal español que endurecerá las penas contra este tipo de delitos y ampliará el control sobre quienes los cometen, con instrumentos como el registro nacional de condenados por abusos contra menores.

Porque incrementar las penas es sólo una mínima parte de la solución, que no deja de ser discurso vació y meramente aspiracional si no está debidamente cubierto por otros instrumentos.

Es fundamental que las penas, sean de la magnitud que sean, en efecto se ejecuten a través de la aprehensión de los delincuentes y del subsecuente control eficiente y eficaz de los procesos que se les siguen.

De otra manera seguirán deambulando por las calles delincuentes como Santiago del Valle, para los que los años de condena –sean dos, cinco o cien– no representan nada, sólo un número más al que saben no se someterán gracias a un sistema de impartición y procuración de justicia que se los permite.

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domingo, 24 de agosto de 2008

El día que cayó el avión de Spanair


El reloj marcaba las 14:45 cuando la señal de televisión española –en la que mi esposa Ana Lilia y yo buscábamos noticias sobre la pelea en la que participaría el taekwondoin mexicano Guillermo Pérez– se vio interrumpida por una preocupante noticia: un accidente aéreo en el aeropuerto de Barajas.

En medio de la confusión mediática, las noticias hablaban de un aborto de despegue y de sólo dos víctimas, sin dar más detalles.

En los primeros cinco minutos, todas las televisoras españolas estaban transmitiendo información al respecto.

Las páginas de Internet de los diarios El Mundo y El País consignaban la nota en un espacio aun pequeño y no central.

Pronto, el número de víctimas empezó a modificarse y las primeras imágenes dejaron claro que no se trataba de un accidente aéreo como el de hace pocas semanas, cuando una pequeña avioneta había caído, teniendo como saldo dos personas fallecidas.

Junto con las características del avión siniestrado, un McDonell Douglas 82 de la compañía Spanair –la segunda de España– pasadas las tres de la tarde se supo que el vuelo JK-5022, compartido con la alemana Lufthansa, se dirigía a la isla de Gran Canaria con 172 personas a bordo.

En un par de horas la cifra oficial de muertos se situó en siete, luego en veinte, para estabilizarse en cuarenta y cinco alrededor de las cinco de la tarde. Se habló entonces de una tragedia.

Casi quinientas personas, entre rescatistas, bomberos y miembros de la guardia civil participaban en un operativo de rescate del que se ofrecían muy pocos datos.

Las imágenes de la televisión sólo mostraban a decenas de vehículos de emergencia que circulaban por las pistas de Barajas a gran velocidad y la columna de humo provocada por el incendio de una pequeña zona arbolada en la que había caído el aparato de fabricación estadounidense.

La humareda se podía observar desde muchos puntos de Madrid. Especialmente, desde las ventanas de quienes vivimos en el norte de la ciudad, zona en la que se ubica el puerto aéreo madrileño.

Siendo usual ver ese tipo de fumarolas debido a las amplias zonas boscosas y de pastizales que rodean la capital española, resultaba tétrico hacerlo en esta ocasión, cuando se estaba conciente de su fatal origen.

Recordé que hace pocas semanas había utilizado la moderna terminal 4 –en donde abordaron los pasajeros del avión de Spanair siniestrado– para viajar a Alicante a una reunión de representación de la Confederación de Cámaras de Nacionales de Comercio con empresarios del sector energético.

De hecho, tan sólo dos días antes había aterrizado en el mismo lugar, en compañía de mi esposa y de mis dos hijas.

Y es que, a diferencia de otras capitales europeas, en Madrid sólo existe un aeropuerto de relevancia, aunque éste cuenta con cuatro grandes terminales y múltiples pistas para el aterrizaje y despegue.

Después de las cinco de la tarde, cuando el fuego fue prácticamente extinguido, los medios de comunicación comenzaron a reportar que en los hospitales que se habían preparado para recibir a los heridos del accidente el movimiento era casi nulo.

Dos o tres lesionados en el Hospital Ramón y Cajal; una decena, cuando mucho, en La Paz –aquel en el que murió el dictador Francisco Franco.
El gobierno mantuvo el número oficial de víctimas mortales en cuarenta y cinco hasta que fue imposible sostener dicha cantidad por la mínima presencia de heridos que llegaban a los nosocomios y la grave condición en la que se encontraban quienes lo hacían.

A las siete de la tarde el conteo de decesos pasó a cien víctimas.

En el juego de las declaraciones, la palabra “catástrofe” hizo su arribo para sustituir a las que hasta el momento se utilizaban para describir el suceso.

Gradualmente se materializaba una pesadilla que muchos españoles habían vivido hace ya treinta y un años, cuando el 27 de marzo de 1977 se produjo el peor accidente en la historia de la aviación mundial en el aeropuerto de Los Rodeos de Tenerife.

En aquel entonces fallecieron quinientas ochenta y tres personas al chocar dos aviones de los conocidos como “Jumbo”.

En medio de la fatalidad, resaltaban las historias de quienes, milagrosamente, con boleto en mano, no habían abordado el avión; ya sea porque habían llegado tarde o porque la siempre considerada calamidad de la sobreventa del vuelo les había permitido salvar la vida.

Confesaban lo ocurrido, con cierto rubor, concientes de que habían jugado una ruleta rusa en la que las probabilidades de sobrevivir eran, en el mejor de los casos, de una contra nueve.

Poco a poco, rescatistas y bomberos fueron cediendo su protagonismo a los psicólogos y trabajadores sociales que llegaban por decenas a los aeropuertos de Madrid y Gran Canaria para apoyar a los todavía inciertos deudos.

Las salas especiales acondicionadas para los familiares de los pasajeros del avión siniestrado se iban llenando de personas conmocionadas, incapacitadas por el dolor para emitir una declaración a los medios de comunicación que, urgidos de cumplir su labor informativa, se apostaban a la entrada de las mismas.

Se empezaron a conocer los dantescos testimonios de quienes habían participado en el operativo de rescate. Un trabajador del aeropuerto, consternado, dijo: "El avión estaba todo partido, todo estaba lleno de cuerpos".

Cerca de las ocho de la noche se informó que el recinto ferial de IFEMA, en el que habitualmente se llevan a cabo los grandes congresos, exposiciones y ferias de la península ibérica, sería habilitado para el traslado de los cadáveres y su posterior identificación.

¿No fue IFEMA el lugar al que trasladaron a las victimas mortales de los atentados terroristas del 11 de Marzo de 2004 en Atocha? Evocaron algunos.

Inevitablemente, los españoles trajeron a la mente la que se considera la peor tragedia de la España democrática. Hace sólo cuatro años el extremismo islámico de una rama de Al Qaeda cegó la vida de 192 personas también inocentes.

El fantasma del terrorismo estuvo rondando desde el primer momento de la catástrofe aérea.
Pronto se descartó esta hipótesis y la mayoría de los especialistas apuntaron hacia un fallo en el motor izquierdo justo al instante del despegue.

Pasadas las once de la noche, luego de la comparecencia ante los medios de comunicación del presidente Rodríguez Zapatero –que al igual que los demás líderes políticos tuvo que cancelar sus vacaciones– la ministra de fomento daba a conocer el último reporte de fatalidades del día 20 de agosto de 2008: 153 muertos y sólo 19 heridos.

Minutos antes había veinte sobrevivientes, pero a poco de dar a conocer las cifras un joven pasajero de veinticinco años había perdido la batalla contra la muerte en la sala de urgencias.

También se dio a conocer la creación de una comisión de investigación que se encargará –o al menos lo intentará– de determinar las causas reales del accidente.

Esta labor, además de sumamente compleja y dilatada, previsiblemente será motivo de innumerables polémicas judiciales y mediáticas, debido a que desde el inicio de la conflagración diversos elementos apuntaron hacia una probable negligencia de la compañía aérea.

Mientras tanto, los familiares de los pasajeros del vuelo JK-5022 de Spanair tendrán que pasar por un largo y doloroso proceso que apenas inicia e incluye la penosa identificación de sus seres queridos.

Que Dios los bendiga.

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domingo, 10 de agosto de 2008

¿Relevo o ruptura generacional?


El Partido Popular (PP) es el segundo partido político de España.

Es el que cuenta con más escaños en el Senado, mientras en el Congreso de los Diputados es la segunda fuerza después del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Miles de municipios y diversas comunidades autónomas, entre ellas la de Madrid, son gobernadas por los populares.

Es por ello que las pugnas que se desataron en su interior después de la derrota en las elecciones generales llamaron mucho la atención.

Resulta que Mariano Rajoy, líder del PP y candidato vencido en las dos últimas elecciones, decidió llevar a cabo diversas acciones que quiso se interpretaran como un golpe de timón.

La más llamativa de estas acciones fue el nombramiento de Soraya Sáenz de Santamaría como portavoz de su partido –equiparable a la figura de los coordinadores parlamentarios en México.

El nombramiento de Sáenz, de treinta y siete años, fue interpretado por los opositores al interior de su partido como la jubilación anticipada de toda una generación de políticos. Precisamente la generación que sigue a la de Mariano Rajoy y antecede a la de aquella.

Quienes se manifestaron a favor, apoyaron la decisión con base en el argumento de que era necesario un relevo generacional.

Fue así como el tan llevado y traído tema se puso de moda en las mesas de discusión televisivas y también en las de café, que tanto gustan a los españoles.

Pero, ¿Qué es el relevo generacional en política? ¿Para qué sirve?

Teóricamente, uno de los principales cometidos de un partido político es el de la búsqueda e incorporación de nuevos liderazgos sociales. Principalmente en los denominados partidos de masas y en los “catch all parties”, cuyo espectro social de actuación pretende ser muy amplio.

Pensemos por un momento en una carrera de relevos cuatro por cuatrocientos metros, en la que cada participante hace su mejor esfuerzo, hasta que en un momento dado, después de llegar a su punto de máximo rendimiento, la capacidad individual de continuar la carrera decae y es en ese instante en el que debe entregar la estafeta al corredor que le sigue.

De la misma manera, en política, cada generación hace su mejor esfuerzo para después dar paso a la siguiente, que la relevará.

La gran diferencia entre la carrera de atletismo y la política probablemente radica en que en esta última el proceso es continuo. Difícilmente se puede observar con claridad el momento del relevo, que no se agota en un solo acto, sino que se presenta gradualmente hasta que es posible reconocerlo.

Quizá una buena manera de enfocar el asunto en materia política sea pensar en el relevo de acuerdo con los retos.

Por ejemplo, dentro de los muchos retos de nuestro país uno de los más importantes es el de la desigualdad. Pues bien, cada generación hace lo que considera mejor para poder disminuir los índices que miden esta desigualdad y avanza lo que en la medida de sus posibilidades y de los recursos disponibles le es factible .

La clave está en las soluciones a los problemas y cada generación aporta nuevas formas y mecanismos.

¿En qué momento es conveniente un relevo generacional? Quizá en el que se asume que la generación que estaba al mando ha agotado los instrumentos, en su momento innovadores, de los cuales disponía para atender el problema.

Es por ello que el relevo, más que de personas, debe ser de ideas.

Ahora bien, existe una gran responsabilidad de las generaciones que se encuentran al mando y que, por ende, tienen más poder que las que les siguen de poder impulsar este proceso, dado que no hacerlo significaría no dar oxígeno y entrada a las nuevas ideas.

Aunque hacerlo signifique abrir la puerta a formas de hacer política que no necesariamente sean las propias. Es difícil pensar en un relevo de ideas si aquel que lo representa se ajusta a plenitud a los métodos y formas de pensar de aquel a quien releva.

Quizá este punto sea el más controversial. A aquellos que deben impulsar el relevo les resulta muy difícil asumir que los refuerzos quizá no piensen como ellos.

Por este motivo, quienes ostentan la dirección partidista suelen hacer lo posible para que los relevos se parezcan lo más posible a ellos mismos, aún si eso implica que no se presente el relevo de ideas y, por ende, que el generacional no cumpla su cometido.

Esta es la mayor acusación que se dentro del Partido Popular se ha hecho a Rajoy, pues se considera que realizado el cambio de personas, no se concretó el de pensamiento.

De la misma manera, es importante garantizar que las generaciones que se encuentran en el proceso de entrega de la estafeta hayan podido aportar a la solución de los problemas el mayor conocimiento posible, así como la existencia de un diálogo permanente que vigile la protección de la experiencia acumulada.

Porque quizá una de las principales reglas del juego es que el que llega no debe empezar de cero. Pues de esa manera no habría diálogo entre generaciones y difícilmente hablaríamos de progreso.

La iniciativa privada lo tiene muy claro. Desde el micro empresario que dirige una pequeña tienda de abarrotes, hasta el líder de una multinacional comprenden que reinventarse continuamente sin perder lo esencial significa adaptarse a los cambios del entorno e incluso impulsarlos.

Hacerlo representa la supervivencia, no hacerlo implica asumir la entrada en un proceso de reciclaje de ideas y de personas que poco aporta a una sociedad siempre exigente de nuevas formas y soluciones para sus crecientes demandas.

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domingo, 3 de agosto de 2008

PEMEX nos debe unir


Siempre que cargo gasolina en cualquier estación de servicio de Madrid recuerdo a México y recuerdo a PEMEX.

Aunado al hecho de que los medios de comunicación españoles han dado una extensa cobertura del tragicómico debate petrolero que se vive en nuestro país, es imposible no pensar en lo que uno tiene en casa cuando de este lado del mundo se pagan 1.3 euros –unos 22 pesos– por cada litro de diesel o de gasolina.

Y es que la sensación de desembolsar 1,100 pesos por llenar el depósito de cincuenta litros de un automóvil mediano sólo se puede describir utilizando alguna de las apocalípticas escenas de la exitosa película “Mad Max”, protagonizada por Mel Gibson a principios de los años ochenta.

La reflexión es sencilla: que difícil es para un país y para sus habitantes no tener petróleo en estos días.

De no ser porque los europeos tienen un ingreso medio por persona cinco veces mayor al nuestro, seguramente no podrían pagar los altos precios de los combustibles. El uso de la bicicleta dejaría de ser una moda para convertirse en una necesidad.

Mientras tengan recursos económicos y naciones que se los provea, los europeos contarán con el petróleo que necesiten aunque tengan que pagarlo cada vez más caro.
No importa si es necesario que personajes como el presidente venezolano Hugo Chávez o el líder libio Muammar Al-Gaddafi sean recibidos en Europa con bombo y platillo.

Por el petróleo, los disparates verbales de aquel se convierten en simples lapsus, mientras a los actos terroristas de éste se les da el trato de leves “errores” de juventud.
Lo lamentable es que la situación de los europeos, que no tienen petróleo pero sí dinero, no es la norma a nivel mundial.

La mayoría de los habitantes y naciones del planeta no tienen petróleo ni suficiente riqueza para comprarlo.

El caso extremo es el África subsahariana, en donde no preocupa tanto el incremento en el valor de la gasolina –pues muy pocos tienen automóvil– sino la repercusión del alto precio de los combustibles sobre el costo de los alimentos y otros insumos básicos, lo que ha provocado que cientos de miles de personas se sumen a los millones que están en riesgo de morir de hambre.

Ahora bien, ¿Qué importancia tiene el contexto mundial antes descrito para una reforma que al final deberemos decidir sólo los mexicanos? Desde mi punto de vista, mucha.

No sólo porque el petróleo es parte de un mercado internacional que no controlamos los mexicanos. Ni porque es un hecho que las actuales circunstancias internacionales implican que existen intereses de diversa índole a los que preocupa que México emprenda una reforma petrolera.

En mi opinión, la principal razón por la que los mexicanos debemos tomar en cuenta lo que pasa más allá de nuestras fronteras tiene que ver con el valor que cada uno de nosotros le otorgamos a nuestro petróleo y, por ende, a cualquier reforma que le afecte.

En la medida en que valoremos un tesoro que, a pesar de ser nuestro, nos fue regalado por la naturaleza y por las generaciones que nos precedieron y lucharon por él, entenderemos lo afortunados que somos por poseerlo.

Pensemos por un momento en un México sin PEMEX ¿Qué hubiera sido de nuestro país sin los recursos petroleros? ¿Qué sería de México sin ellos?

El petróleo no puede ser un factor de división entre los mexicanos sino un elemento que nos una.

Los grandes avances sociales del país no pueden ser explicados sin la presencia de PEMEX.

La empresa ha constituido un elemento de unidad que ha contribuido a que la heterogeneidad social y regional no signifiquen un riesgo para la existencia nacional.
Históricamente, la riqueza petrolera ha equilibrado el pacto federal, disminuyendo las diferencias existentes entre estados con niveles de ingreso, competitividad y producción sumamente divergentes.

Los cientos de miles de millones de dólares que en setenta años ha producido la empresa, se han constituido en el lubricante de una nación que de no contar con ellos seguramente sería muy diferente.

En la otra cara de la moneda, los recursos petroleros, que hasta hace poco se consideraban infinitos, han permitido a muchos gobiernos evitarse la molestia de emprender diversas acciones que con urgencia necesita el país.

Mientras el petróleo fluía y el dinero llegaba no era necesario afrontar los grandes retos, ni los costos políticos que hacerlo implicaba.

Por ejemplo, se ha dejado de lado una verdadera reforma fiscal que, privilegiando el incremento de la base de contribuyentes, otorgue al país los recursos que tanto necesita para desarrollar el gran potencial con el que sin duda contamos.

Tampoco se ha tomado en serio la reconversión productiva o el impulso del campo, como fuentes alternativas de riqueza.

El exceso de recursos también ha permitido abusos y déficits de transparencia que a la fecha agravian a los mexicanos.
Es por ello que la reforma de PEMEX debe enmarcarse dentro de una gran reforma del Estado mexicano.

Regularmente, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Cualquier reforma a la paraestatal difícilmente será exitosa si no es parte de un modelo de país que también lo sea.

Antes de reformarla, debemos definir, con puntualidad y claridad, cuál será el papel que PEMEX jugará en el desarrollo nacional en los próximos años.

Antes de intervenir en ella es necesario separar las causas de las consecuencias, pues de esa manera será posible llegar a soluciones reales para la paraestatal.

Un análisis de esa naturaleza permitiría concluir que el supuesto problema financiero de la empresa petrolera es una consecuencia, no una causa.

El verdadero problema de PEMEX, sin soslayar otros, no es la falta de recursos sino la irracional carga fiscal a la que ha sido sometida por parte del gobierno federal, con la complacencia de otros niveles de gobierno, que han preferido incrementar sus recursos disponibles a intentar detener la sangría en contra de la empresa.

Otorgar más recursos, sean estos privados o públicos, sería como invertirlos en un barril sin fondo si no se solucionan los problemas estructurales de la petrolera, principalmente el relativo a los impuestos que paga a la federación.

El debate sobre la paraestatal, antes que nada, exige absoluta responsabilidad y visión de futuro de quienes en él participan. No puede ser botín económico o político de algunos.

Aunque un referéndum sería deseable, el hecho es que nuestra constitución política no lo contempla, por lo que las decisiones deberán tomarse al seno de las instituciones de representación democrática legalmente constituidas, que son el Congreso de la Unión y, en su momento, las legislaturas locales.

Lo importante es que esa decisión cuente con el mayor consenso posible al interior de los órganos legislativos y, principalmente, entre la ciudadanía.

Una reforma exitosa, que trascienda en el tiempo, sólo es pensable en la medida en que cuente con el apoyo de la mayoría de los mexicanos, lo que debe obligadamente ser tomado en cuenta por los legisladores.

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