domingo, 21 de diciembre de 2008

Carta anticipada a los Reyes Magos


Observar la ilusión y sorprendente antelación con la que mis hijas Ana María y María José elaboraron su larga carta a los Reyes Magos me hizo recordar los cada vez más lejanos años en los que me correspondió hacer lo propio.

Gracias a este recuerdo, decidí abandonar la idea de dedicar mi última colaboración del año 2008 al tema de las tasas de interés de usura que cobran los bancos “mexicanos” o al de la vocación “lúdica” del hoy preso ex comisionado de la Policía Federal Preventiva –por considerarlo poco acorde con el espíritu navideño que a todos nos embarga– y, en cambio, opté por retomar la costumbre de elaborar mi carta a los Santos Reyes, y hacerlo con anticipación, para compartirla con los distinguidos lectores de El Sol de Hidalgo.

Para empezar he de decir que, cuando yo era parte del segmento infantil de la población, las cartas eran muy diferentes. Además de ser un medio de comunicación real –la palabra correo “electrónico” se utilizaba para referirse a una caja con una radio adentro–, nuestras cartas no eran tan largas, ni tan específicas, ni incluían mayoritariamente juegos de video –en los ochenta aún se dudaba si el abuso de los mismos afectaba al ser humano, tal como después se comprobó.

Todos los niños sabíamos que, independientemente de la extensión y contenido de nuestro pliego petitorio, Melchor, Gaspar y Baltazar habrían de interpretar correctamente nuestros deseos; utilizando para ello la carta y el reporte detallado que, sobre nuestro comportamiento del último año, puntualmente recibirían del sistema de “inteligencia” que para el efecto habían montado –cuestión que a algunos nos atormentaba con sobrada razón.

Por ello, con la finalidad de corregir ligeramente el rumbo, cada 5 de enero los muchos niños de la familia –debidamente custodiados por quienes aún hoy lo hacen– nos apostábamos en algún lugar de la plaza Independencia, de la calle de Guerrero o de las avenidas Juárez o Revolución, y esperábamos con ilusión el gesto o saludo de alguno de los miembros de la caravana real, lo cual era seguro indicativo de que los Reyes Magos nos tendrían en cuenta durante la noche que seguía.

Sé que todo lo anterior sonará un poco extraño, pues a mis treinta no tan “cortos”, más que intercambios epistolares con los ya de por sí ocupados Reyes de Oriente, debería dirigir mis esfuerzos a intentar elaborar complicadas predicciones sobre el comportamiento de las variables que incidirán en mi destino, en el de mi familia y en el de mi país.

Pues bien, dado que el escenario actual de incertidumbre financiera, política, social y hasta climatológica, seguramente tiraría por los suelos cualquiera de mis pronósticos –basta recordar lo que le sucedió a nuestro Secretario de Hacienda con aquello de que a México apenas “un catarrito le daría” debido a la crisis económica–, he tomado la atinada decisión de poner mi futuro en manos de aquellos que, durante una larga etapa de mi vida, no dejaron sin respuesta ninguna de mis peticiones.

Y es que, a pesar de que fueran tiempos de crisis familiar o nacional –1982, 1983, 1985, 1987 y 1988–, Melchor, Gaspar y Baltazar se tomaban la molestia de dejar lo suficiente, no para llenar la lista, pero sí para alimentar la ilusión de quienes les dirigíamos nuestras peticiones. Mucho más de lo que hacen últimamente aquellos que tienen como responsabilidad mantener viva la esperanza de todo un país, por cierto.

Una vez tomada la decisión de escribir la multicitada carta, debo confesar que ha vuelto a mí el cosquilleo que sentí durante cerca de tres lustros cuando, sentado frente a una hoja de papel, dejaba volar la imaginación –alimentada por algún promocional visto en el programa “en familia con Chabelo”.

No es para menos. La posibilidad de encontrar respuesta a mis solicitudes a través de la carta enviada a los Reyes Magos es emocionante. Estoy conciente de que he de decidir muy bien lo que pida. No sería la primera vez que mis deseos fuesen modificados por los reyes del caballo, el camello y el elefante, lo que hace necesario encontrar un punto de equilibrio entre aquello a lo que puedo aspirar de acuerdo con la realidad y aquello con lo que tengo derecho a soñar.

Resuelto el dilema, me inclino por la última opción. Así que soñaré. Sé que corro el riesgo de que, como en muchas otras ocasiones, llegue algo diferente. En todo caso, después de casi veinte años de no hacerlo, vale la pena arriesgarse.

Mi carta será breve y es la siguiente: “Queridos Reyes Magos, lo único que quiero pedirles es que nuestros políticos dejen de hacerse como el tío Lolo –hay palabras que no se pueden decir en este tipo de cartas–, dejen de inventar pretextos, de tirarse la bolita unos a otros y se pongan a trabajar. Si no se puede, por favor tráiganme a Superman, porque esto se va a poner difícil”.

¡Feliz Navidad y próspero 2009 para todos en México!


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Las fiestas navideñas según dos puntos de vista

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domingo, 14 de diciembre de 2008

Bancos que no prestan, países que no crecen



¿Se equivoca Carlos Slim cuando critica a los bancos “mexicanos” por las excesivas tasas de interés que cobran a sus clientes?

Haciendo a un lado el debate paralelo que se abrió a partir de sus declaraciones –que muchos centraron mal intencionadamente en la crítica personal al empresario mexicano, para evitar hacerlo en torno al contenido y justificación de sus palabras–, considero que no sólo no se equivoca, sino que se quedó corto al referirse a la actuación del sistema bancario nacional.

Aclaro que el no entrar a la polémica sobre la legitimidad que tiene o no el ingeniero Slim para opinar sobre el sistema financiero no significa que, en mi humilde opinión, no piense que el dueño, entre otras empresas, de Telmex, Telcel, Sanborn´s, Sears, América Movil e Inbursa, podría hacer mucho más por el país de lo que ha hecho hasta ahora –que en ningún caso es poco. Simple y sencillamente creo que sería un desperdicio no aprovechar la oportunidad que nos brindan las palabras del exitoso empresario para abrir el necesario debate sobre la regulación del sistema financiero mexicano.

Porque si algo ha quedado claro en esta crisis financiera global es que nada está escrito en piedra y que muchos de los fundamentos sobre los cuales funcionaba la economía han dejado de ser paradigmas intocables para pasar a engrosar la lista de las muchas cosas sobre las cuales es necesario debatir.

México no puede quedar fuera de esta dinámica. Mientras en todo el mundo los anteriores defensores a ultranza del neoliberalismo, claman ahora por la intervención del Estado para rescatar bancos, aseguradoras y hasta empresas automotrices; en nuestro país la ortodoxia económica recalcitrante –ligeramente fuera de moda– se rasga las vestiduras cuando escucha juntas las palabras “regulación” e “intervención estatal”.

Una vez que, de manera ciertamente dolorosa, se han despejado las dudas sobre si México estaba “blindado” frente a la crisis global y respecto de si esta amenaza impactará en diversos ámbitos de nuestra economía, es necesario comenzar a preguntarse cuáles serán los sectores que habrá que reformar y respaldar para que, además de no colapsarse, aporten su debida contribución al desarrollo nacional.

Tal es el caso del sistema financiero en general y del bancario en particular, cuyo necesario replanteamiento viene determinado, no por el hecho de que el tema se haya situado en la efímera agenda mediática gracias a las declaraciones de Carlos Slim durante la XIX Convención del Mercado de Valores, sino por la existencia real de situaciones que le afectan de forma coyuntural –la crisis financiera internacional– y de manera estructural –la falta del cumplimiento de los objetivos del sistema bancario mexicano.

En el primer caso, la actual crisis ha provocado la estrepitosa caída de diversas instituciones financieras, entre las que se encuentran: las hipotecarias estadounidenses Fannie Mae y Freddie Mac, los bancos comerciales Citibank y Dexia, los bancos de inversión JP Morgan, Merril Lynch y Lehman Brothers, la Aseguradora AIG y el grupo holandés ING que, o bien se fueron a la quiebra, o tuvieron que ser rescatados a través de su venta o mediante la inyección de recursos fiscales.

En prácticamente todos los países industrializados se han aprobado planes de rescate públicos mil millonarios que tienen, como primer objetivo, poner a flote sus sistemas financieros para garantizar los ahorros del público y mantener activa la oferta de los créditos que necesitan sus economías –cosa que aún no se consigue.

En México, además del substancial incremento en la cartera vencida y de las sugerencias del propio Carlos Slim de “prever” posibles riesgos en los intermediarios financieros, no se han prendido los “focos rojos” en relación con la solidez de los bancos. Sin embargo, la “minusvalía” de al menos 55 mil millones de pesos presentada en otro agente financiero nacional, las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), debería servir como una alerta temprana a la cual poner especial atención.

Por ello, a estas alturas difícilmente habrá quien se atreva a dudar de que la crisis económica actual modificará el rostro del sistema financiero internacional que se construyó a partir de los acuerdos de Bretton Woods en 1944. La reunión en noviembre pasado del G-20 en Washington, que marcó el inicio de la construcción de un nuevo orden en la materia, es la mejor prueba de ello.

Esta primera reflexión nos lleva a una pregunta: dado que México es parte del sistema económico global y no una isla incomunicada, ¿Hay algún motivo por el cual debamos pensar que nuestros bancos no corren el riesgo de ser afectados por las circunstancias antes descritas?

La segunda razón para considerar una reforma al sistema bancario mexicano no es menos valida que la anterior y tiene que ver más con una situación estructural que, aunque se ve agravada por la actual crisis mundial, en realidad no es consecuencia de ella y ha estado constantemente presente –o ausente– en nuestro país. Me refiero a la escasez en el otorgamiento de créditos.

Esta situación que, como ya se mencionó, nada tiene que ver con la crisis financiera actual, se ha convertido en uno de los mayores males de los empresarios mexicanos, que son los principales generadores de empleo y riqueza nacional.

La buena noticia es que la falta de crédito no afecta a todas las empresas por igual, pues lo hace en menor medida con las grandes, mientras que perjudica más a las micro, pequeñas y medianas. La mala es que el 99 por ciento de las empresas mexicanas corresponden a esta última categoría, que genera 7 de cada 10 empleos y aporta el 60 por ciento del producto interno bruto. En el caso de las micro empresas el acceso al crédito es prácticamente nulo.

Así que, a menos de que posea un negocio como CEMEX, FEMSA o Televisa, el empresario mexicano promedio se enfrenta con severas dificultades para financiar la operación de su negocio, motivo por el cual recurre a fuentes de financiamiento alternativas, tales como un excesivo apalancamiento con proveedores o créditos de carácter “privado”.

Esto explica por qué el negocio del agio es uno de los más rentables en nuestro país, principalmente en época de vacas flacas. Al encontrar la puerta de los bancos cerrada, los empresarios mexicanos se ven en la necesidad de tocar las de los cientos de usureros que estarán dispuestos a prestarles el dinero solicitado a cambio de tasas de interés elevadísimas y del otorgamiento de garantías excesivas que en la mayoría de los casos comprometen el patrimonio de sus empresas y de sus familias.

Esta situación, si bien no es responsabilidad absoluta de los bancos, sí está altamente influenciada por la falta de cumplimiento del objeto para el cual fueron creados y en función del que les ha sido otorgada la protección legal para operar.

La Ley de Instituciones de Crédito establece que el objeto principal de la banca múltiple es prestar el servicio de banca y crédito, consistente en captar recursos del público mediante depósitos, quedando obligados a cubrirlos, junto con los intereses y comisiones; así como otorgar créditos, con cargo a los recursos captados.

Por eso extraña la excesiva sensibilidad de algunos banqueros cuando uno de sus miembros distinguidos opina a favor de una mayor intervención de los organismos reguladores que, según el artículo quinto de la propia ley, tienen la obligación de ejercer la rectoría estatal del sistema bancario, “fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la República y su adecuada canalización a una amplia cobertura regional que propicie la descentralización del propio Sistema, con apego a sanas prácticas y usos bancarios”.

Es incuestionable que los bancos tienen derecho a recibir intereses por el dinero prestado a través de tarjetas de crédito y otros instrumentos, como también lo tienen a cobrar comisiones por los servicios prestados. Sin embargo, quien tiene derecho, a su vez tiene obligaciones. En el caso de los bancos, una de ellas debería ser orientar una mayor proporción de los créditos que otorgan hacia los empresarios que tanto los necesitan y que, desde hace muchos años, no encuentran en la banca un respaldo a sus operaciones habituales.

Para contribuir al desarrollo nacional los bancos deberían cumplir con el compromiso ético de revisar las tasas de interés que cobran, para que estuvieran más acordes con los rendimientos que pagan a los ahorradores y con las que se cobran en otros países con los que México se relaciona y compite.

Por ello insisto en que Carlos Slim no se equivoca cuando alza la voz para pedir un cambio en el sistema financiero que, en todo caso, redundará en el beneficio de los propios banqueros, de los usuarios de los servicios que ofrecen, de los micro, pequeños y medianos empresarios y, por qué no, del ciudadano mexicano que también es el hombre más rico del mundo.

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sábado, 13 de diciembre de 2008

Ruiz Gallardón en el inicio de las fiestas de Navidad en Madrid

Mi hija Ana María con Alberto Ruiz Gallardón


En compañía de mi esposa Ana Lilia y de mis hijas Ana María y María José, tuve la oportunidad de saludar al Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, quien junto con las palabras "¿Sabeis lo mucho que queremos los españoles a los mexicanos?" mandó saludos a nuestro país.

El alcalde estuvo presente en la Plaza de Oriente, durante la celebración inaugural de la campaña de Navidad, en la que se presentó la "Plaza de los Ángeles" de la compañía Les Studios de Cirque de Marseille.

Valiéndose de más de dos kilómetros de cuerdas de alta tecnología de tan sólo 11 milímetros de diámetro, estos artistas tejieron una tela de araña sobre la plaza y la transformaron en un espacio poético. Los ángeles que lo habitan, portadores de un mensaje de paz, surcaron el cielo desde sus tirolinas arrojando toneladas de plumas sobre el público.

La plaza de los ángeles no es sólo un espectáculo; es una alegoría pacifista que emocionó a todos, niños y mayores. Durante el espectáculo se realizó la lectura del relato ganador en el concurso infantil de cuentos navideños convocado por el Ayuntamiento de Madrid en los colegios de la ciudad.

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domingo, 7 de diciembre de 2008

Constitución española: 30 años de transformaciones


Hace 30 años –el 6 de diciembre de 1978– el pueblo español salió a las urnas para dar su veredicto, mediante referéndum, al proyecto de Constitución que previamente habían aprobado los Diputados de las Cortes Generales.

Apenas tres años antes, el 20 de noviembre de 1975, había muerto Francisco Franco; aunque con su muerte no lo hacía la dictadura, ni mucho menos las fuerzas que la habían sostenido durante casi cuarenta años.

Aún faltaban muchos pasos que dar para desmontar el andamiaje gubernamental, jurídico, político y social del franquismo, que había tenido tiempo suficiente para impregnarse en todos los rincones del país. La muerte del dictador no garantizaba que España se dirigiera inexorablemente al camino de la democracia.

Primero que nada, era necesario construir un consenso político y social respecto de la necesidad de transitar por la vía democrática. Las profundas heridas y agravios del pasado debían hacerse a un lado –al menos temporalmente–, si se quería alcanzar el objetivo. Esto implicaba, la adopción de un enfoque posibilista, que obligaba a centrarse en aquello sobre lo cual era posible o urgente trabajar y a dejar de lado los temas que por su menor grado de trascendencia o por su alto contenido ideológico ponían en riesgo el consenso.

Hecho lo anterior, se requería que los avances conseguidos se fueran plasmando en acuerdos que, gradualmente, adquirieran fuerza jurídica. Cosa nada sencilla, pues el quid del asunto consistía en utilizar los propios instrumentos de la dictadura para modificarla.

A menos que se optara por el incierto camino de la ruptura y la confrontación, se requería presionar al sistema lo suficiente para que gradualmente se “suicidara”, haciéndolo de tal forma que no reaccionara de manera contraria –riesgo que estuvo siempre latente y se manifestó en el fallido golpe de Estado que hubo años después.

De ello estaban concientes los actores políticos que pugnaban por el inicio de la transición democrática española. El propio Juan Carlos I, quien había jurado como Rey de España dos días después de la muerte del Generalísimo, lo había hecho con base en un “guión”, cuyos fundamentos legales y políticos habían sido establecidos por el mismo Franco.

El 6 de julio de 1976, Adolfo Suárez, nombrado por Juan Carlos I Presidente de Gobierno en sustitución del que le había sido “heredado” por Franco, presentó públicamente el programa político que permitió que el 18 de noviembre del mismo año los diputados franquistas aprobaran la Ley para la Reforma Política, que se sometió a referéndum popular el 15 de diciembre de 1976.

Con base en este ordenamiento jurídico se comenzó a construir un frágil entramado de leyes, como las de Asociaciones, Normas Electorales y Asociaciones Sindicales; que permitieron la legalización de los partidos políticos y sindicatos, así como la celebración de las primeras elecciones democráticas el 15 de junio de 1977.

Los nuevos diputados inmediatamente pusieron manos a la obra para iniciar el proceso de redacción de una nueva Constitución mediante la aprobación e integración, en julio y agosto de 1977, de una Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. El anteproyecto que presentó dicha comisión fue aprobado en sesión plenaria de Congreso y Senado, el 31 de octubre de 1978.

Finalmente, el 6 de diciembre de 1978, la Constitución española fue ratificada por referéndum popular con un amplio respaldo en las urnas. Con una participación del 67% de votantes, el “sí” recibió el 88% de los votos, lo que dio paso a la sanción del Rey el 27 de diciembre y a su publicación en el Boletín Oficial del Estado dos días después.

Los padres de la Constitución española enfrentaban diversos retos, además de los factores políticos ya mencionados –resistencias del antiguo régimen y dificultad para construir y mantener un clima de consenso estable.

Los políticos españoles de mediados y finales de los setenta tenían frente a sí la tarea de elaborar una Constitución que cumpliera eficazmente con las expectativas del conjunto de la sociedad y que sirviera de punto de partida para el desarrollo y la reinserción de España en el mundo, particularmente en Europa.

La Constitución debía cumplir su función como pacto político e instrumento jurídico de transformación social, sin descuidar la inclusión y atención equilibrada de los intereses de todos los sectores y grupos de interés y poder españoles.

Por ello, en el artículo primero señalaron: "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". La forma de gobierno elegida fue la monarquía parlamentaria, establecida en el artículo tercero.

La España de entonces era sumamente diferente a la actual. En 1975 su población era de 35 millones. Muchos cientos de miles emigraban a todo el mundo, en busca de oportunidades de vida. Hoy se estima en 45 millones, de los cuales cerca de 5 son inmigrantes que han llegado al país en los últimos diez años.

Gracias al modelo adoptado de Estado de bienestar, España es hoy un país más justo. Mientras que en la década de los setenta tenía la tasa de mortalidad infantil más elevada de Europa occidental, sólo superada por Italia y Portugal, hoy tiene la más baja después de los países escandinavos, 4 por cada mil nacidos vivos. La tasa de fecundidad ha pasado de 2.9 a 1.3 hijos por mujer.

Se logró con éxito la inserción de España en el nuevo contexto económico y político internacional, lo que se reflejó en su ingreso a la Unión Europea en 1986 y al hecho de haber pasado de tener en 1978 un Producto Interno Bruto per capita (en PPA) de 6,118 dólares anuales, a uno cinco veces mayor en 2008, unos 30,000 dólares.

Los cambios no son sólo cuantitativos sino cualitativos. Por citar alguno: se ha pasado de un Estado centralizado a uno altamente descentralizado, en el que las comunidades autónomas –similares a los estados en México– juegan un papel preponderante en la vida política nacional.

Mientras que en 1978 prácticamente todo el gasto era ejercido por la administración central y en 1982 sólo el 14,5% del gasto público no financiero fue ejercido por las comunidades autónomas, en 2007 éstas participaron en el 49% de estos gastos. Entre sus facultades actuales se encuentran sanidad, educación, asistencia social y, en algunos casos, seguridad pública.

Sin lugar a dudas, el balance final es positivo. A pesar de que en todo este tiempo la Constitución solo ha sido modificada en una ocasión, para agregarle las palabras “y pasivo” –permitiéndole cumplir con el Tratado de Maastrich–, cada vez son más frecuentes las voces que claman por revisar algunos aspectos que, en su opinión, son perfectibles o incluso ponen en riesgo la existencia misma de España. Según algunos, incluida la revista global The Economist, tal es el caso de las propias comunidades autónomas.

Lo que es un hecho es que nunca es ocioso formularse las preguntas que seguramente pasaron por la mente de los españoles y de sus representantes hace 30 años: ¿Cuál es el país que queremos y cómo lo lograremos? Felicidades España.

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