domingo, 22 de febrero de 2009

¿Y el aeropuerto de Hidalgo Sr. Téllez?


Me enteré de la última de las andanzas de Luis Téllez por un compañero de la Fundación Ortega y Gasset, que sorprendido me dijo que acababa de leer en Internet que el Secretario de Comunicaciones y Transportes de México había sido gravado diciendo que el ex presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, se había “robado” la mitad de la partida secreta de la que por años dispuso el ejecutivo federal en turno –fue eliminada en el sexenio del Dr. Zedillo.

Días después de darse a conocer el desliz del funcionario federal salieron a la luz más grabaciones. En esta ocasión Téllez mostró a los mexicanos el amplio vocabulario del que dispone. Cuestión sin relevancia alguna, salvo por el hecho de que el blanco de sus “apasionadas” palabras fue el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Héctor Ozuna Jaime, a quien Téllez le deseo recibiera algo más que una feliz Navidad y un próspero año nuevo –¿Con esa boquita come?, señor Secretario.

Para poner la cereza al pastel se dieron a conocer conversaciones en las que el titular de la SCT pedía a diversas personas a su cargo que utilizaran el nombre del Presidente de la República para sacar adelante gestiones cuya legitimidad y legalidad se aprecian confusas.

Mi colega, desconocedor de la realidad mexicana, imaginó que después de todo esto se desataría una especie de “Téllezgate” que seguramente significaría una investigación a fondo y la caída de una o varias cabezas en el gobierno federal. Era de suponerse que, en virtud de la gravedad de las declaraciones, al menos el propio Téllez decidiera separarse de su encargo para no afectar la imagen de su superior jerárquico, el Presidente de la República.

Dada la cercanía de las elecciones federales y los tiempos difíciles que se viven en México –y en cualquier otro lugar del mundo– era previsible que el presidente Calderón aprovechara la situación para mandar un doble mensaje: a la ciudadanía, en el sentido de que su gobierno actúa con firmeza y es inflexible frente a ese tipo de escándalos; y a los miembros de su gabinete, para que apliquen la máxima de “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”.
Inexplicablemente, hasta el momento de escribir esta colaboración, el Dr. Luis Téllez Kuenzler seguía ocupando la titularidad de la dependencia encargada de implementar la política de comunicaciones y transportes del Estado mexicano –responsabilidad en lo absoluto menor.

Desafortunadamente –en contra de lo que cualquier avezado analista político extranjero pudiera suponer– es muy probable que el Secretario de Comunicaciones y Transportes continúe en el mismo sitio, a no ser que Los Pinos modifique la actitud que en otras ocasiones ha tenido hacia los lapsus verbales y políticos del funcionario.

Y es que con un simple “sí lo dije pero nunca tuve ni he tenido evidencia alguna sobre acciones ilícitas del ex presidente” Luis Téllez quiso apaciguar las turbulentas aguas que clamaban por su renuncia. Sabedor de que no puede ser castigado por mentir y sí por ocultar un ilícito, el argumento de defensa del secretario es que sí dijo lo que dijo, pero lo que dijo es una mentira.

La buena noticia para el secretario Téllez es que si decide optar por la vía legal para demostrar que es un mentiroso, habemos dos millones y medio de hidalguenses que podemos testificar, sin temor a equivocarnos, que efectivamente gusta de decir mentiras y que suele hacerlo de forma por demás impune.

En efecto, se trata del mismo funcionario que el 25 de julio de 2007 anunció con bombo y platillo que el presidente Calderón le había dado instrucciones –parece ser su modus operandi habitual– “para solucionar el problema aeroportuario y de tráfico aéreo en el centro del país y por ello la concesión y autorización para una nueva terminal aérea de carga y logística en Tizayuca, estaría lista a principios o mediados de 2008” (Comunicado No. 93 de la SCT de la cual es titular Téllez).

A la fecha, la concesión prometida por Luis Téllez no se ha otorgado –quizá ha estado muy ocupado intentando recuperar las famosas grabaciones–, cancelando con ello la oportunidad de generar decenas de miles de empleos para un estado que requiere con urgencia oportunidades de calidad para sus jóvenes profesionistas –sólo Pachuca cuenta con 30 mil estudiantes de educación superior.

La cuestión es que si el mejor argumento del Secretario de Comunicaciones y Transportes para salvar la situación es que miente, su jefe el Presidente de la República debería estar sumamente preocupado.

Porque si Téllez consigue convencer a la opinión pública de que son mentirás las delicadas afirmaciones que hace en las grabaciones que reconoce como suyas, Felipe Calderón tendría al interior de su gabinete a un mentiroso confeso, cuyos actos en los últimos tres años deberían ser revisados con lupa para comprobar su legalidad y transparencia.

En este sentido, la inexplicable omisión en el otorgamiento de la concesión y autorización del aeropuerto de Tizayuca también deberá serlo. Al tenor de los acontecimientos existe un alto riesgo de que los motivos por los cuales no haya sido entregada aún al estado de Hidalgo no tengan nada que ver con los fundamentos técnicos del proyecto.

En cualquier caso ¿Qué legitimidad podría tener la decisión tomada por o con base en la información proporcionada por alguien que miente habitualmente? Tal como lo señaló el filosofo alemán Federico Nietzsche: “Lo que me preocupa no es que me hayas mentido, sino que, de ahora en adelante, ya no podré creer en ti”.

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martes, 17 de febrero de 2009

Encuesta de Consulta Mitofsky sobre elecciones federales 2009 en México




ASÍ VAN... RUMBO AL 2009

LA CONTIENDA ELECTORAL SE PREFIGURA



En el primer mes de 2009, el interés por los asuntos de la política apenas alcanza al 10 por ciento de los mexicanos, cifra menor a la que vivimos hace tres y hace seis años.


En este momento, solamente el PAN y el PRI provocan saldos de opinión positivos, lo que coincide con el resto de las variables electorales y hace prever un escenario donde estos dos partidos disputarán el primer lugar en la elección.


El PRI inicia en su mejor momento para un mes de enero en los últimos seis años y por el contrario el PRD en su peor posición; mientras 31 por ciento se declara priista, 11 por ciento de los mexicanos se dice perredista y 25 por ciento panista.


Después de un año muy complicado para el PRD, la identidad por ese partido registra una caída anual de 2.5 puntos. Pero si bien no pagó caro en identidad su conflictivo año 2008, si presenta un incremento de 8 puntos en el porcentaje de ciudadanos que dice que no votaría por él. El PRI no sólo incrementó en un año su identidad sino que arrebató al PAN la posición de partido menos rechazado (aunque el PAN aun genera mejor saldo de opiniones).


Aún antes de iniciar las precampañas y cuando faltan por decidirse la mayoría de las candidaturas, de las alianzas, de los temas de campaña y sobre todo las estrategias de los partidos políticos para generar votos ante nuevas reglas electorales, encontramos a un PRI favorecido con el primer lugar de las preferencias con el 33.3 por ciento de las respuestas ciudadanas a su favor, le siguen el PAN con el 25.8 por ciento y el PRD con el 11.7 por ciento.


Llama la atención la similitud de esta preferencia con la que se presentaba previa al inicio de las campañas electorales en los comicios intermedios de 1997 y 2003.


En este momento, el único partido del que se puede sospechar la posibilidad de una mayoría absoluta es el PRI.


REPORTE EJECUTIVO COMPLETO


Publicado en Consulta Mitofsky con el título "Así van... Rumbo al 2009" -17 de febrero de 2009-


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domingo, 15 de febrero de 2009

Acuerdos contra los “catastrofistas”


Las últimas semanas han estado plagadas de datos preocupantes para la economía mundial. Desde China a Estados Unidos de América, pasando por los veintisiete países de la Unión Europea y por Japón, las cifras revelan una contracción económica cuya manifestación más dramática, el desempleo, preocupa a gobiernos y empresas por igual.

En España, por ejemplo, se dieron a conocer los peores datos de empleo desde que hay registros del mercado laboral español. En enero perdieron su trabajo 198,383 personas, mientras que 31,902 empresarios autónomos cerraron sus negocios. El número de parados es de 3,327,801 y se estima que en 2009 se llegue a los 4 millones.

Como era de esperarse, por el carácter global de la crisis, México no queda fuera de esta dinámica y también se aprecian diversas presiones para la economía nacional.

Por eso llaman la atención las declaraciones que esta semana realizó el presidente Felipe Calderón por medio de las cuales exigió terminar con las visiones “catastrofistas” que, en su opinión, dañan a nuestro país.

Es cierto que no se debe exagerar el diagnóstico y que no se puede culpar al gobierno federal de una crisis cuyo origen y consecuencias escapan del ámbito nacional. Aunque también lo es que no se debe subestimar la gravedad de la situación y que la sola exigencia del presidente de la República no terminará con dichas visiones.

Tan es así que pocas horas después de pronunciado el discurso presidencial, el Banco de México tuvo la necesidad de intervenir directamente en el mercado cambiario para frenar la subida del dólar frente al peso, abandonando con ello el mecanismo de subasta de dólares que había venido utilizando.

Este hecho demuestra que el diagnóstico que el gobierno federal hace de la situación es muy diferente del que llevan a cabo los mercados y que las acciones hasta ahora realizadas no logran generar la confianza necesaria, lo cual es indispensable para sortear la difícil situación.

Por ello es urgente que, además de las acciones concretas ya anunciadas para estimular la economía, se generen las condiciones para que los diversos actores políticos y económicos del país contribuyan a generar la confianza de la cual están tan necesitados los mercados.

Considero que una buena medida para lograrlo sería la celebración de un gran acuerdo nacional que muestre la capacidad de la clase política y productiva mexicana para sentarse a la mesa y construir a favor del país.

Más aún si se toma en cuenta que éste es un año electoral y que en nada ayudará a la ya de por sí mermada confianza que el discurso electorero contamine y condicione la toma de decisiones.

De la misma manera que se anuncia con bombo y platillo que se blindan los programas sociales para que no se utilicen con fines electorales, también debemos blindar las ideas y las propuestas que nos servirán para hacer frente a la mayor crisis económica mundial desde la Gran Depresión de 1929.

Un gran acuerdo nacional nos serviría para separar lo importante de lo urgente y retirarlo de la agenda electoral. Eso exige una madurez que en muchos casos no vemos en nuestros actores políticos.

Lo peor que le podría pasar al país es que las elecciones del 5 de julio frenaran la toma de decisiones y que en lugar de buscar soluciones a una problemática real, hubiera quien estuviera interesado en agravarlos para lograr rentabilizarlos a su favor en las urnas.

En este proceso, el gobierno federal debe ser creativo y buscar ante todo el consenso y el diálogo. Seguramente es difícil hacerlo, sobretodo si se considera que una parte de la oposición lo que menos le ha dicho a quien lo encabeza es “espurio” e “ilegítimo” y obligó al Presidente de la República a protestar su cargo en condiciones vergonzosas.

Sin embargo, no hay espacio para sentimentalismos. Los mexicanos demandan responsabilidad absoluta de la clase política. Es su obligación constitucional hacerlo. Su trabajo consiste en tener altura de miras y dejar de lado sus intereses particulares para salvaguardar los de 110 millones de personas.

El acuerdo propuesto, independientemente de su contenido, serviría para demostrar que existe un margen de maniobra que permite consensuar y tomar decisiones, y que los “catastrofistas” se enfrentarán a una clase política que hará cualquier cosa –hasta olvidar los mutuos agravios– para sacar adelante al país.

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domingo, 1 de febrero de 2009

Ser oposición: ¿Propuestas o protestas?


Coincido con Andrés Manuel López Obrador en que es urgente tomar medidas que amortigüen la crisis económica y garanticen que lo que hoy es una grave contracción de la economía mañana no sea una debacle que ponga en peligro la estabilidad de las familias mexicanas e incluso la gobernabilidad democrática del país.

Ahora bien, el hecho de que concuerde con el ex candidato presidencial en un punto en el que pocos no lo estarían, de ninguna manera significa que considere que la aportación del perredismo a la mejora de la situación económica nacional se deba limitar a programar una serie de actos de protesta que, en el fondo, se perciben más como un medio de reposicionamiento electoral que como una vía de solución.

Espero que no se me malentienda. De ninguna manera estoy diciendo que las manifestaciones sean negativas. Todo lo contrario, en este espacio he defendido en múltiples ocasiones la necesidad de que todos participemos y tomemos las calles cuantas veces sea necesario para hacer oír nuestra voz.

La participación política no convencional –que incluye en su repertorio a las manifestaciones públicas y pacíficas– es un derecho que puede y debe ser ejercido por la ciudadanía para reivindicar sus legítimas demandas frente a aquellos que tienen la obligación de escucharla.

He comentado que en España, por ejemplo, es muy usual que los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil opten por este mecanismo para manifestarse en relación con diversas situaciones que les incumben.

Aunque las mismas no suelen ser organizadas por los partidos políticos, cuando éstos llegan a participar lo hacen para apoyar iniciativas ciudadanas o en manifestaciones contra el terrorismo de ETA, en las que no es nada raro ver juntos a representantes de todos los partidos españoles.

El asunto es que el PRD no es un grupo de ciudadanos cuya voz marginada requiera de protestas públicas como única vía para ser escuchada. El hecho de que en él participen diversos movimientos sociales no significa que adquiera esa naturaleza ni que tenga los mismos derechos, obligaciones y responsabilidades.

El PRD es un partido político legalmente constituido, que ocupa el segundo lugar en escaños en la Cámara de Diputados y el tercero en la de Senadores; que gobierna seis entidades de la Republica –incluido el Distrito Federal– y que cuenta con representantes en todos los congresos estatales del país –cerca de 200 diputados locales.

Por lo tanto, es parte integrante de una democracia representativa que se ha dotado a sí misma de diversos mecanismos para que aquellos que ostentan la representación popular puedan cumplir con sus funciones y servir a los intereses para los cuales fueron elegidos y en virtud de los cuales reciben una muy digna remuneración.

De la misma manera que, entre otros muchos, los partidos políticos tienen el derecho de presentar candidatos a las elecciones y de recibir cientos de millones de pesos cada año para financiar sus actividades; también tienen la obligación de utilizar los mecanismos constitucionales y legales para hacer escuchar la voz de quienes les votaron –y la de aquellos que no lo hicieron.

Así las cosas, a pesar de que todos los mexicanos tenemos el derecho de salir a la calle para manifestar nuestra opinión o descontento respecto a algo, los partidos con representación legislativa tienen uno adicional del cual no gozamos la mayoría: el de presentar, discutir y votar iniciativas de ley.

Por eso llama la atención que el PRD apueste por tomar las calles como estrategia principal y no por movilizar los recursos legislativos y políticos de los cuales dispone.

Si, por ejemplo, han decidido ir en contra de las altas tasas de interés que la mayoría de los bancos cobran a los mexicanos, quizá sería una mejor idea presentar y hacer pública una nueva iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito –propuesta en la que sólo algunos banqueros estarán en desacuerdo– que manifestarse a la afueras de las oficinas de la Asociación Mexicana de Bancos.

Pensemos en un encuentro de fútbol altamente complicado en el que algunos de los jugadores de nuestro equipo decidieran abandonar el partido para integrarse a la porra y solidarizarse con sus aficionados. Nada les impediría hacerlo; quizá serían bienvenidos. Pero seguramente, además de no cobrar sus abultados sueldos, nuestras posibilidades de ganar –o al menos de empatar– se verían fuertemente disminuidas, sobretodo si consideramos que los espectadores no podemos hacer lo mismo y meternos al campo de juego para suplirlos.

Surge entonces una cuestión preocupante: Si aquellos que ostentan la representación popular optan por renunciar al ejercicio de los poderes que a través del voto se les han conferido ¿Quiénes velarán por los intereses de una sociedad que con urgencia requiere soluciones?

El país demanda responsabilidad absoluta de todos los actores políticos para afrontar los viejos y los nuevos retos que se le plantean. Ningún partido político puede culpar a los otros de la situación, hacerse de la vista gorda, ni salirse del juego democrático para no cumplir su responsabilidad. Menos aún cuando el resultado, de una u otra manera, nos afectará a todos los mexicanos.


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