El abstencionismo no gana elecciones ni recibe constancias de mayoría.
Lo hacen los partidos y los candidatos que ellos postulan.
Al menos no en las democracias electorales en las que las normas determinan que aquel que obtenga la mayoría de votos accederá al cargo de representación popular en disputa sin necesidad de un porcentaje mínimo de participación en las urnas.
Lo anterior no significa que no sea deseable para una mejor “calidad” de la democracia que la participación ciudadana en un proceso electoral se acerque lo más posible a un utópico ciento por ciento.
Claro que una alta participación y, por ende, un bajo abstencionismo deben por muchos motivos ser una aspiración social cuya construcción requiere la concurrencia de complejos y muy diversos factores.
Sin embargo, en mi opinión, este legítimo anhelo no puede estar por encima de otro de vital importancia para el funcionamiento de la democracia: el del reconocimiento expreso y claro de las reglas del juego por parte de los jugadores.
Por cierto, no hay peor juego que aquel en el que las reglas no son compartidas por todos los participantes.
En este escenario reina la confusión: los árbitros no pueden aplicar normas inexistentes o existentes no aceptadas; los equipos actúan sin saber a ciencia cierta los efectos de sus acciones; y, lo peor de todo, el público deseoso de un buen espectáculo termina por decepcionarse aun más de un juego al que asistió con regañadientes.
Ahora bien, el hecho de que el nivel de participación no pueda utilizarse como argumento para descalificar un proceso electoral, no significa que no tenga profundas consecuencias en el resultado final de la elección.
Está ampliamente comprobado que el nivel de participación ciudadana en las urnas afecta de manera diversa a partidos políticos y candidatos diferentes.
Dependiendo de la composición de sus votantes potenciales y de su voto duro el porcentaje de participación en las urnas beneficia a algunos partidos políticos mientras perjudica a otros.
Por lo tanto, es muy probable que el candidato ganador con un determinado nivel de abstencionismo no lo sea con otro.
Las elecciones generales que se celebran el día de hoy en España son un claro ejemplo de lo anterior.
La reelección como Presidente de José Luis Rodríguez Zapatero del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), o el arribo de Mariano Rajoy del Partido Popular (PP) dependen en gran medida de la cantidad de españoles que acudan a las urnas este domingo 9 de marzo.
Es importante aclarar que se trata de una elección diferente a la elección presidencial mexicana.
España tiene un sistema de gobierno parlamentario, lo que implica – entre otras muchas cosas – que los ciudadanos elegirán a sus diputados y que el partido político que cuente con el mayor número de asientos en el Congreso estará en posibilidad de formar gobierno y, por lo tanto, de nombrar al presidente español.
Se eligen trescientos cincuenta diputados y se necesita la mitad más uno para formar gobierno. Si ningún partido obtiene la mayoría absoluta, siento setenta y seis, deberá aliarse con otros para elegir presidente.
Existen doce partidos políticos compitiendo por escaños en el congreso español. Esto puede resultar engañoso dado que en la última elección (2004) el Partido Popular obtuvo 148 escaños y el Partido Socialista Obrero Español 164. Entre los dos obtuvieron 312 diputados, el 89% de las curules.
Apuntado lo anterior, retomo la cuestión inicial: ¿Por qué la participación electoral afecta claramente el resultado de la elección?
La primera parte de la respuesta viene del tipo de votantes a los que se dirige cada uno de los dos partidos políticos mayoritarios.
El discurso del Partido Popular, más conservador e ideológicamente de derechas, es compartido por muchos menos españoles que los que están de acuerdo con el discurso progresista y de izquierda del Partido Socialista Obrero Español.
Por lo tanto, los votantes potenciales del PSOE son muchos más que los del PP. Sin embargo, en tanto el PSOE debe competir por los votos con otros partidos que se dirigen al mismo tipo de público como Izquierda Unida o los nacionalistas del País Vasco o Cataluña, el PP prácticamente no tiene competencia en el segmento que le corresponde.
El nivel de fidelidad de los votantes constituye el segundo elemento explicativo.
Los votantes del PP tienen un mucho mayor nivel de fidelidad que los del PSOE, lo que se ve reflejado en el hecho de que su asistencia a las urnas es mucho más consistente.
En las últimas tres elecciones generales la cantidad de votos del Partido Popular prácticamente no ha variado mientras que los del Partido Socialista Obrero Español sí.
En 1996 el PP obtuvo 9.7 millones de votos, el PSOE 9.4; en el año 2000 el PP recibió 10.3 millones de votos mientras que el PSOE recibió sólo 7.9; en 2004 – tres días después de los atentados de Atocha - el PP obtuvo 9.6 millones de votos y el PSOE 10.9.
La tercera parte de la respuesta es la facilidad de movilizar a unos y otros votantes. Es importante aclarar que el término movilizar se refiere a la posibilidad de motivar a la ciudadanía mediante una campaña lo suficientemente potente para votar efectivamente a favor de uno u otro candidato o partido.
Es más difícil convencer a un español de izquierda de cancelar su plan familiar de fin de semana para que vaya a votar, que a uno de derecha cuya idea desde meses atrás es precisamente ir a las urnas.
Los resultados de las elecciones del año 2004 muestran con claridad lo anterior. Los atentados islamistas de Atocha no afectaron la votación del PP, mientras que el PSOE sorprendentemente pasó de 7.9 a 10.9 millones de votos.
La suma de estos tres elementos nos permite deducir casi automáticamente las estrategias de campaña adoptadas por uno y otro partido.
El PSOE de Rodríguez Zapatero ha enfocado sus recursos a intentar incrementar la participación de los votantes de izquierda, mediante una campaña sumamente optimista que en resumen invita a los ciudadanos a votar, sin importar por quién lo hagan – PP incluido.
Por el contrario, el Partido Popular y su candidato Mariano Rajoy, han orientado sus baterías a garantizar su voto duro, sin dejar de lado algunos esfuerzos esporádicos por arrebatar al PSOE algunos votantes indecisos de centro.
La campaña del PP ha sido más agresiva y parece apostar por el abstencionismo, a sabiendas de que su fiel electorado acudirá a votar, mientras los votantes de izquierda probablemente no lo harán.
Cabe mencionar que el estratega de Mariano Rajoy es el polémico Antonio Solá, quien asesoró durante su campaña al Presidente Felipe Calderón. Me resultó muy conocido escuchar que “Rodríguez Zapatero es un peligro para España”.
¿Cuál será el resultado de la elección? La mayoría de los expertos coincide en señalar que depende casi enteramente del nivel de participación en las urnas.
El umbral se encuentra en el 71% de participación ciudadana. En este escenario el PSOE ganaría por un diputado – 162 contra 161 –. Un porcentaje superior también significaría la reelección de Rodríguez Zapatero.
Si la votación fuera mayor al 77% el PSOE ganaría además la mayoría absoluta, con lo que estaría en posibilidad de formar gobierno sin necesidad de aliarse con los partidos pequeños, en su mayoría nacionalistas – canarios, vascos, catalanes, gallegos y otros.
Cualquier participación debajo del 71% le daría la victoria al Partido Popular.
Es importante considerar que estas estimaciones se basan fundamentalmente en el hecho de que los votos a favor del Partido Popular se mantienen fijos, independientes de la participación, y los del PSOE se modifican en virtud de la misma.
Cualquier suceso extraordinario que afectara el nivel de participación ciudadana – como lo fueron los atentados de Atocha – influiría en el resultado de las elecciones.
Desafortunadamente, no es algo que pueda descartarse en España. Justo el viernes 7 de marzo, la banda terrorista ETA mató de nuevo en el País Vasco. Su objetivo y víctima: un ex concejal del PSOE.
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