Más allá del voto nulo: plebiscito, referéndum y revocación de mandato

En 1959, el rinoceronte Cacareco recibió 100 mil votos y ganó las elecciones a la alcaldía de Sao Paulo, Brasil, convirtiéndose en un ícono del voto de protesta. Entrevistado por la revista Time, un simpatizante del cuadrúpedo declaró que era mejor elegir a un rinoceronte que a un asno.

Personalmente, no considero que el voto nulo sea el mejor camino para cambiar el país, aunque debo decir que me parece lo más divertido, interesante y original que he escuchado durante las aburridas semanas de campaña electoral.

El hecho de que uno, cientos o miles de ciudadanos decidan sumarse voluntariamente a una iniciativa de esa naturaleza me parece simplemente genial.

La sociedad tiene absoluto derecho de organizarse para apoyar una causa o para manifestar su rechazo a algo, incluido el sistema político que teóricamente ha sido creado para representarla.

Sobretodo si, como sucede en México, el sistema en cuestión no cuenta con los mecanismos para incorporar la voluntad popular de manera fiable. Más allá del sufragio, no existe en nuestro país la posibilidad de participar en la mayoría de las decisiones que nos afectan.

Nuestra democracia se reduce al mero acto de votar. Tristemente, no son parte esencial de ella ni la transparencia, ni la rendición de cuentas, ni la participación ciudadana, ni el sometimiento del poder político a las leyes.

Todos sabemos que la condición de “ventaja” de la sociedad frente a sus representantes populares empieza en las campañas y termina el domingo de la jornada electoral.

Sólo durante algunas semanas tenemos –o al menos eso sentimos– la sartén por el mango. Una vez que hemos depositado nuestro sufragio en las urnas perdemos cualquier tipo de control sobre aquellos que días antes clamaban por nuestro apoyo y nos juraban “amor” eterno.

No existen los mecanismos para exigir el cumplimiento de lo prometido en campaña ni para garantizar que el actuar del representante popular se apegue al interés de la mayoría.

Razones sobran para rechazar a un sistema político que, en su conjunto, no ha logrado cumplir su cometido de sacar adelante al país y enfrentar los retos que se le presentan.

La seguridad pública está por los suelos. Hace apenas unos días nos enteramos de que el país fue ubicado en el número 108 de una lista de 144 países evaluados, en comparación con el número 93 que ocupó el año pasado, y se le considera con una nación con un índice de paz "bajo".

La economía está pasando por una crisis que se agravó por los problemas estructurales del país. Según el Banco Mundial, México será una de las naciones que más sufran por la recesión económica global.

Un análisis similar se podría hacer en materia de salud, educación, equidad de género, ecología y niveles de desigualdad. En síntesis, la evaluación del sistema político mexicano es reprobatoria en casi cualquier rubro.

Como lo mostró la reciente Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, la confianza hacia los políticos no puede ser más baja y ello tiene más que ver su probada incapacidad y con sus múltiples escándalos económicos, legales y morales que con la difícil circunstancia internacional.

Esta situación explica el deseo de un significativo número de mexicanos de anular su voto.

No se trata, como muchos dicen, de un voto en contra de la democracia. Los reconocidos politólogos españoles Mariano Torcal y José Ramón Montero –a quienes tuve el honor de tener como profesores– explican el fenómeno distinguiendo los conceptos de “legitimidad democrática”, “descontento político” y “desafección política”.

El movimiento en pro de anular el voto se ubica entre los dos últimos. Se legitima la democracia pero no a aquellos que dicen representarla.

A pesar de todo lo anterior, no creo que el voto nulo sea la mejor manera de lograr un cambio en la actitud del sistema hacia los ciudadanos.

Mi opinión nada tiene que ver con el innegable derecho que todos tenemos de hacer lo que queramos con nuestro sufragio, sino más bien con la eficacia que la decisión del voto nulo pueda llegar a tener.

Y es que el resultado del voto nulo le viene con el nombre. Suena muy bien y es un gran paso, pero si no tiene un objetivo claro será simplemente inútil. Cosa distinta sería si el sistema electoral condicionara la validez de una elección a la participación de un mínimo de electores o a un máximo de votos nulos en un distrito electoral, pero no lo es.

Porque si lo que se pretende es avergonzar a muchos desvergonzados, lamento decir que poco les importará si en sus constancias aparece un número anormal de votos nulos.

Tampoco creo que a la mayoría de los candidatos les duela ser derrotados por la nulidad, mientras venzan a su contrincantes de otros partidos y obtengan la constancia de mayoría que les dará acceso al poder, al fuero constitucional –charola dorada incluida– y a sus abultados sueldos, bonos y prestaciones.

Con nuestro actual marco jurídico, el efecto del voto nulo en el sistema es inexistente. Servirá como antecedente, pero me parece que es un costo que la clase política está dispuesta a pagar.

Es el pequeño regaño que con gusto recibirá de parte de una sociedad a la que le sobran argumentos para tacharla de ineficaz, corrupta, escandalosa y de mal gusto. El voto nulo es la manera fácil de dar salida a un movimiento que podría terminar en mucho más.

Por eso hay que ir más allá. Lo que hay que rechazar es el monopolio de la política que hoy detentan los partidos y no es a través del voto nulo como se logrará.

Lo que se debe forzar mediante la participación política no convencional son cambios en el sistema a través del cual se toman las decisiones que a todos nos afectan. Hoy ese sistema está cerrado y es prácticamente imposible para la mayoría de los 110 millones de mexicanos incidir en los asuntos públicos.

Por eso, en mi opinión, lo que los ciudadanos debemos proponer y hacia donde deberíamos encaminar los pasos es hacia cambios que debiliten el monopolio en cuestión.

Por ejemplo, proponiendo la inclusión de las figuras de la iniciativa popular, el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato e incluso la segunda vuelta en la Constitución General de la República y en todas las constituciones estatales. Éstas son iniciativas cuyo efecto en el sistema sería directo.

Sería muy conveniente que se pudieran movilizar firmas para obligar a los diputados a legislar sobre un asunto de interés ciudadano o que el Poder Legislativo tuviese que someter a la opinión de la ciudadanía, mediante referéndum o plebiscito, determinada ley o decisión política.

También lo sería que el Presidente de la República y los gobernadores de los estados estuvieran obligados a rendir cuentas a la sociedad en las urnas a la mitad de su mandato para confirmarlo o que ningún candidato con menos de un determinado porcentaje de votos a favor pudiera ocupar un puesto de elección popular.

Esta situación verdaderamente fortalecería el control de la ciudadanía sobre los asuntos públicos y obligaría a los partidos políticos a actuar con mayor responsabilidad y a asumir el papel que les corresponde en la construcción de la nación.

Insisto, la iniciativa del voto nulo es quizá el único mecanismo del que actualmente dispone la sociedad para expresar su descontento pero –ya que estamos en ese camino– sería mejor impulsar un cambio que verdaderamente empodere a los ciudadanos.

Como decía mi abuelo Marcelino: “¿Para qué quemar la pólvora en infiernitos?”

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