Hermosillo, la otra tragedia

El día de hoy, mi esposa, mis dos hijas y yo tuvimos la oportunidad de ir a conocer el zoológico de Madrid. Íbamos en compañía de un matrimonio español que también llevaba a sus dos pequeños niños –María de cuatro años y Alfonso de sólo uno–, con quienes coincidimos en que es maravilloso poder disfrutar a los hijos y en que nada se puede comparar con la oportunidad de verlos jugar, crecer y ser felices.

Es por ello que me resulta inconcebible pensar que, mientras nosotros disfrutábamos de un agradable sábado familiar, en México hubiera 38 familias viviendo la que con seguridad es la peor pesadilla de cualquier madre o padre que se precie de amar a sus hijos.

No puedo imaginar el dolor que esas mujeres y hombres de trabajo están sintiendo en este momento. Dudo que haya palabras para describirlo y por respeto no intentaré hacerlo.

Lo que sí puedo hacer, gracias a la libertad de expresión de la que dispongo y al espacio que amablemente me ofrece EL SOL DE HIDALGO, es tratar de analizar, a la luz de la información disponible, la otra tragedia; la que trasciende a las familias afectadas e impacta directamente en la sociedad.

Y es que todo parece indicar que lo que ha pasado no es un mero accidente sino una muestra más de la cultura de la mediocridad y del “ahí se va”, implantada hasta el tuétano en muchas de las instituciones públicas de nuestro país y en no pocos de los funcionarios que en ellas laboran.

Porque, aunque seguramente se evitará decirlo a toda costa, se trata de una guardería pública no privada. El servicio es “proveído” a los derechohabientes por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que lo externaliza y paga por ello a una empresa o particular para que en su lugar “produzca” el servicio de cuidado de infantes que el propio IMSS está obligado a prestar.

Para entrar en materia, debo decir que me queda absolutamente claro que los accidentes son precisamente eso, accidentes. Desafortunadamente, pasan en cualquier momento y en cualquier lugar. La Real Academia de la Lengua Española los define como un “suceso eventual o acción de la que involuntariamente resulta daño para las personas o las cosas”.

Sería imposible pensar en erradicar absolutamente este tipo de sucesos. Entonces, ¿Podría concluirse que la triste muerte de 38 niños en Hermosillo fue una situación fortuita, inevitable, y que por lo tanto es algo lamentable pero “normal”? Claro que podría pensarse, aunque dicha conclusión sería completa y absolutamente errónea.

Porque aunque es imposible evitar al ciento por ciento los accidentes, sí es factible contar con políticas de prevención que disminuyan su incidencia y disponer de estrategias de acción que permitan, en el caso de que éstos se presenten, estar en posibilidad de disminuir su impacto en la vida, la salud y el patrimonio de las personas.

Si bien es cierto que nadie puede evitar que en algún momento una chispa provoque un fuego que a su vez se convierta en un incendio, es aún más cierto que existen muchos mecanismos para evitar que dicho incendio provoque que 38 niños y niñas de menos de cinco años pierdan la vida en unos pocos minutos y que un número similar o mayor se debatan entre la vida y la muerte.

Precisamente porque los accidentes suceden, las instituciones responsables tienen la obligación de tomar medidas para que en caso de que así sea, la respuesta permita minimizar al máximo la perdida de vidas y de bienes materiales.

Antes de buscar chivos expiatorios, será necesario investigar si el escaso personal de la guardería contaba con un plan de emergencias debidamente certificado y si fue convenientemente instruido para cumplirlo por aquellos que tenían la obligación de hacerlo.

En los siguientes días se deberán responder muchas otras preguntas: ¿Por qué no había una o varias salidas de emergencia, lo que provocó que los rescatistas tuvieron que romper los muros, perdiendo un tiempo valiosísimo? ¿Qué tiene que hacer una bodega con combustible y neumáticos junto a una guardería en la que juegan más de 70 niños a la vez? ¿Existe una norma municipal, estatal o federal de protección civil que regule dichas situaciones?

¿Cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social con un protocolo de normas mínimas de seguridad para sus guarderías subrogadas? ¿Está bien diseñado? ¿Existen los mecanismos de supervisión para hacerlo cumplir? ¿Participan los usuarios en su elaboración, implantación y evaluación?

Aunque sin duda lo que más duele son los 38 niños y niñas muertos y los al menos 20 heridos, lo que ofende son las evidentes condiciones de negligencia en las que éstas se suscitaron.

Más allá de los discursos voluntaristas y lacrimógenos, que sin duda abundarán dada la época electoral, es necesario que lo sucedido en Hermosillo sea investigado a profundidad.

No sólo para esclarecer responsabilidades –incluídas las del personal y propietarios de la guardería, hasta las de los responsables del diseño y aplicación de las normas de seguridad del IMSS–, sino para poder determinar las condiciones en las que se encuentran todas las instalaciones similares en el país y evitar que un evento similar vuelva a suceder.

Sería lamentable que, como ha pasado en innumerables ocasiones, esta terrible situación no sirviera a las instituciones públicas y privadas para hacer mejor las cosas en un futuro.

En el caso de las instituciones públicas, en el fondo la cuestión clave se encuentra en la capacidad que tienen para ser organizaciones en constante aprendizaje. Concepto éste último difícil de asimilar en un contexto como el mexicano en el que el diálogo entre el gobierno y la sociedad, de por sí escaso, se da en condiciones de desigualdad en detrimento del ciudadano.

Se trata de que el gobierno haga un verdadero esfuerzo para aprender de las experiencias –buenas y malas– y traducirlas en políticas públicas específicas. Hacer del conocimiento acumulado no un mero bagaje de historias sin sentido, sino una plataforma para poder transformar la realidad futura y hacerlo en beneficio de la sociedad.

De otra manera, la muerte de 38 niños y niñas inocentes y el indescriptible dolor de sus familiares será sólo una historia más para el largo anecdotario de las negligencias nacionales.

¿Usted qué opina, apreciable lector?

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