La educación concertada en España

Una de las principales preocupaciones que compartía con mi esposa cuando decidimos venir a Madrid era encontrar una escuela a la que pudiesen asistir nuestras hijas. Independientemente de que aún son muy pequeñas y cursan educación preescolar, era de suma importancia no interrumpir el proceso educativo en el que ya estaban inmersas en Pachuca.

Por lo tanto, la búsqueda de un colegio se ubicó como una más de las tareas que denominábamos indispensables antes de nuestra llegada.

Precisamente esa necesidad nos permitió conocer con mayor detalle algunas peculiaridades del sistema educativo español que lo diferencian del mexicano. Diferencias que no necesariamente deben ser positivas, pues son las que causan una mayor polémica entre la sociedad ibérica.

Nunca he sido aficionado de las comparaciones a la ligera. Menos aun de aquellas en las que los objetos que se contrastan tienen como telón de fondo realidades diametralmente opuestas.

El sistema educativo mexicano es una de las mayores conquistas sociales emanadas de nuestra revolución. Los principios de gratuidad, laicidad y universalidad están debidamente consagrados en la Constitución de 1917. Desde entonces – poco más de noventa años-, ha sido la política que más recursos ha demandado del Estado mexicano.

Por su parte, el actual sistema de educación español tiene su antecedente en la Constitución de 1978; a pesar de que las leyes secundarias que la norman han sido modificadas –la más reciente en el año 2006-.

Por lo tanto, estamos hablando de sistemas cuyo origen, desarrollo y entorno hacen que las comparaciones sean, además de complejas, poco útiles en términos prácticos.

A pesar de lo anterior, existen diferencias que vale la pena conocer para tener una idea más amplia de cómo hacen otras naciones para hacer efectivo el derecho a la educación. Por ejemplo: en México la enseñanza básica obligatoria comprende el preescolar, la primaria y la secundaria; a diferencia de España en donde sólo abarca la primaria y la secundaria, no el preescolar.

Sin embargo, la diferencia que más llama la atención es la referente a la manera en la que el Estado español imparte la educación pública. A diferencia de nuestro país, en España ésta puede ser prestada por instituciones públicas y también por instituciones privadas.

A esta última modalidad se le llama educación concertada y consiste en la posibilidad de que escuelas privadas presten la educación pública “en nombre” del Estado español a cambio de un pago que el gobierno les realiza, de conformidad con ciertos parámetros. Es decir, las instituciones privadas “sustituyen” al Estado y éste a cambio paga por ello.

Los padres de familia que así lo deseen y cumplan con diversos requisitos pueden optar por inscribir a sus hijos en un colegio concertado.

Las consecuencias de esta variante son inmensas. De entrada, una parte importante pero minoritaria del presupuesto educativo se destina al pago de los centros concertados; el personal que labora en este tipo de instituciones no se considera trabajador al servicio del Estado, por ende, su patrón es la institución que le contrata.

Los “conciertos” no excluyen a las escuelas con una orientación religiosa, por lo que es factible y muy usual que esta clase de centros decidan optar por acogerse a este régimen. Por ende, en España es posible que mediante la enseñanza concertada la educación pública tenga un contenido religioso, lo que en nuestro país sería impensable.

Evidentemente existen diversas reglas para que una institución educativa preste sus servicios en la variedad concertada, así como un esquema de garantías que busca proteger a sus alumnos y trabajadores.

Corresponde a las comunidades autónomas – asimilables en México a los estados- hacerse cargo de esta regulación. Es por ello que en España se dice: “Dime quién te gobierna y te diré quién te educa”.

En la Comunidad Autónoma de Cataluña, gobernada por una coalición de izquierda, en los últimos cinco años lectivos la matricula en las escuelas privadas y concertadas ha subido muy poco, mientras que la de las públicas se ha incrementado en un 14.95%.

En contraste, en el mismo periodo de tiempo en la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, proclive a la derecha ideológica, los números se invierten: los alumnos en escuelas públicas han crecido sólo un 2.6% contra un 12.46% de las privadas y concertadas.

La tendencia nacional española se parece mucho a la madrileña. A pesar de que actualmente el 67.6% de los estudiantes de educación básica en España asisten a escuelas públicas, casi un 82% de las nuevas plazas para alumnos que se crearon desde 2001 se ubican en la enseñanza concertada.

En un país en el que el costo promedio mensual de una colegiatura en un colegio privado puede ir de trescientos a mil doscientos euros – alrededor de cinco a veinte mil pesos –,el sistema concertado ha sido apoyado por muchos padres de familia y por un importante sector de la población.

Entre otras cosas, quienes están a su favor argumentan que permite a las familias una elección más libre de la escuela a la que asisten sus hijos y que permite ahorros significativos al gobierno. En relación con este último argumento, el Ministerio de Educación español estima que un alumno en un centro concertado le cuesta un 12% menos que en uno público.

Quienes están en contra de la enseñanza concertada cuentan también con argumentos de peso para justificar su preocupación por la falta de proporcionalidad en el desarrollo de los centros concertados – que operan con fondos públicos- y los colegios públicos.

Se dice que fomentan procesos de marginalización, lo que se apoya en el hecho de que el sector poblacional más desprotegido y que más crece en España, los inmigrantes, matricula mayoritariamente a sus hijos en escuelas públicas. Sólo un 4% de los alumnos de las instituciones concertadas son inmigrantes, mientras que los colegios públicos reciben a más del 80% de los niños que se encuentran en esa condición.

En la práctica, los hijos de españoles están ingresando a las escuelas bajo el régimen de concierto y los hijos de inmigrantes lo hacen en las públicas, lo que propicia escenarios de división social poco favorables.

Más aún si se considera que España es el país que más inmigrantes recibe en el mundo después de Estados Unidos de América y que existe toda una estrategia de Estado para intentar garantizar su inclusión en las mejores condiciones posibles.

La discusión sigue abierta y existen, como en todas las materias, posiciones divergentes sobre el mismo tema.

El debate se avivó esta semana al darse a conocer oficialmente el informe PISA. El mismo había sido filtrado a la prensa ibérica con una semana de anticipación lo que provocó un escándalo mediático.

Este informe, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para evaluar el nivel en matemáticas, ciencias y lectura de los estudiantes de quince años en 57 países presentó resultados que los políticos españoles consideraron muy preocupantes.

El estudio situó a España en el lugar 31 de entre 57 países evaluados en la investigación.

Como consecuencia, el Partido Popular, actualmente en la oposición a nivel nacional, ha pedido una revisión del modelo educativo; argumentando que el actual no permitirá a España competir a nivel mundial.

Lo sorprendente del caso fue que el Presidente del Gobierno Español, José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español, adversario del Popular, no reaccionó negándolo sino justificándolo en un rezago histórico al que hay que hacer frente.

Es decir, existe un amplio y necesario consenso entre los actores políticos en el hecho de que el lugar 31 que ocupó España en el informe PISA – nuestro país ocupo el sitio número 49 - no le permitirá hacer frente a los retos del futuro y que es necesario tomar medidas para evitar una perdida de competitividad que aleje a los españoles del desarrollo económico y social al que aspiran.

En lo que también existe consenso en España y en todo el mundo es en el hecho de que la educación es una condición necesaria – desafortunadamente no suficiente -, para poder acceder a mejores niveles de bienestar personal, familiar y comunitario.

Cada pueblo tiene la posibilidad de definir el mecanismo que mejor le parezca para garantizar que su población pueda tener de hecho, no sólo de derecho, la posibilidad real de ejercer su libertad de educación en condiciones de igualdad de oportunidades.

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Por cierto, el ingreso de nuestras hijas a la escuela en Madrid dejó de ser una preocupación gracias a las atinadas gestiones de las autoridades escolares de la institución educativa a la cual asistían en Pachuca. Su valiosa intervención fue de suma utilidad para conseguir un espacio en un colegio hermano. Sirva este medio para enviar un fuerte abrazo al personal docente y administrativo del Colegio Éverest.