El circo de la impunidad

Como si fuese un circo de varias pistas, los mexicanos acudimos como simples espectadores al triste espectáculo de la política.

Admirados, sin apenas digerir los escándalos anteriores que suceden con asombrosa periodicidad, nos enteramos de nuevos números que, sin importar su naturaleza, terminan siempre como todos los demás: con la total impunidad de sus protagonistas.

Lo que sorprende no son los videoescándalos, los libros o las declaraciones fulminantes. Ni México ni cualquier otro país del mundo se puede preciar de contar con una clase política impoluta. La tentación de aquellos que ejercen el poder por hacerlo de forma incorrecta está presente en cualquier rincón del planeta.

En el Reino Unido, el líder de la Cámara de los Comunes, Michael Martin, fue acusado de permitir que al interior del parlamento se llevaran a cabo gastos injustificados.

No se trató de sumas estratosféricas o fraudes descomunales, sino de erogaciones, cuya superficialidad dejó muy mal parados a los legisladores de dicho país. Aunque lo hicieron cumpliendo con las normas vigentes, la ciudadanía no perdonó a sus representantes que utilizaran el dinero público para pagar la comida de su gato o la reparación de su piscina.

En Estados Unidos el gobernador del estado de Illinois fue grabado diciendo que sacaría el mayor provecho posible -incluso un trabajo garantizado para su familia- al ejercer su facultad para designar a quien ocuparía el lugar en el Senado que Barack Obama dejaba vacante.

En España, un sastre acusó al presidente de la Comunidad Valenciana -similar a un gobierno estatal de nuestro país-, Francisco Camps, de permitir que un contratista pagara por los trajes que utiliza, a cambio de supuestos favores al momento de asignar licitaciones.

En Washington, el director del Banco Mundial -organismo internacional para el cual la lucha contra la corrupción siempre ha sido prioritaria-, Paul Wolfowitz, se vio comprometido al demostrarse que había utilizado su posición para promover un ascenso para su novia.

Así las cosas, lo singular del caso mexicano no es la presencia de hechos -reales o ficticios- de corrupción y abuso de poder. Ni siquiera el que los montos sean infinitamente superiores -imagínese usted las decenas de miles de escándalos que habría por recomendados en las instituciones públicas-. Lo verdaderamente diferente es el hecho de que el resultado final sea simple y sencillamente nulo.

Michael Martin, el parlamentario británico, se vio obligado a renunciar hace un par de días. La última vez que alguien en su cargo lo tuvo que hacer fue en 1695.

El Gobernador de Illinois fue "despedido" por el Congreso de su estado y abandonado por los miembros de su propio partido.

El valenciano Francisco Camps fue llamado a comparecer ante la Fiscalía anticorrupción y habrá de ejercer su derecho a la defensa por la vía judicial, siendo juzgado por los conductos legales, como es debido.

Por su parte, a Paul Wolfowitz le costó caro su amor y se vio en la necesidad de renunciar a un cargo por demás importante en la gobernanza financiera mundial.

En México es casi imposible pensar que los involucrados asuman sus responsabilidades legales y menos aún que sus partidos o instituciones acepten las responsabilidades políticas que les corresponden.

No quiero decir con ello que tengamos que creer ciegamente en todo lo que dicen los videos, los libros o las entrevistas. Por el contrario, nada ayudaría más a México y a sus instituciones que los materiales peliculescos sean sustituidos por indagatorias judiciales que determinen culpabilidades o inocencias.

Menos aún creo que sea cierto que haya la posibilidad de que México sea un Estado fallido. No existe, porque a diferencia de un país como Somalia en el que la ausencia de Estado es permanente, en México la mayoría de las personas cumple con las leyes.

Si bien, no somos una sociedad de beatos -ni creo que aspiremos a ello-, la enorme mayoría de las personas no cargamos con cuernos de chivo en nuestros coches, ni disponemos de fondos de partidas secretas, ni tenemos vínculos con el narcotráfico.

En México la impunidad está localizada y no es general. De ella gozan, no sólo los famosos capos por todos conocidos, sino muchos miembros de la clase política. Se trata, desafortunadamente, de otra muestra de la desigualdad en nuestro país.