Acuerdos contra los “catastrofistas”

Las últimas semanas han estado plagadas de datos preocupantes para la economía mundial. Desde China a Estados Unidos de América, pasando por los veintisiete países de la Unión Europea y por Japón, las cifras revelan una contracción económica cuya manifestación más dramática, el desempleo, preocupa a gobiernos y empresas por igual.

En España, por ejemplo, se dieron a conocer los peores datos de empleo desde que hay registros del mercado laboral español. En enero perdieron su trabajo 198,383 personas, mientras que 31,902 empresarios autónomos cerraron sus negocios. El número de parados es de 3,327,801 y se estima que en 2009 se llegue a los 4 millones.

Como era de esperarse, por el carácter global de la crisis, México no queda fuera de esta dinámica y también se aprecian diversas presiones para la economía nacional.

Por eso llaman la atención las declaraciones que esta semana realizó el presidente Felipe Calderón por medio de las cuales exigió terminar con las visiones “catastrofistas” que, en su opinión, dañan a nuestro país.

Es cierto que no se debe exagerar el diagnóstico y que no se puede culpar al gobierno federal de una crisis cuyo origen y consecuencias escapan del ámbito nacional. Aunque también lo es que no se debe subestimar la gravedad de la situación y que la sola exigencia del presidente de la República no terminará con dichas visiones.

Tan es así que pocas horas después de pronunciado el discurso presidencial, el Banco de México tuvo la necesidad de intervenir directamente en el mercado cambiario para frenar la subida del dólar frente al peso, abandonando con ello el mecanismo de subasta de dólares que había venido utilizando.

Este hecho demuestra que el diagnóstico que el gobierno federal hace de la situación es muy diferente del que llevan a cabo los mercados y que las acciones hasta ahora realizadas no logran generar la confianza necesaria, lo cual es indispensable para sortear la difícil situación.

Por ello es urgente que, además de las acciones concretas ya anunciadas para estimular la economía, se generen las condiciones para que los diversos actores políticos y económicos del país contribuyan a generar la confianza de la cual están tan necesitados los mercados.

Considero que una buena medida para lograrlo sería la celebración de un gran acuerdo nacional que muestre la capacidad de la clase política y productiva mexicana para sentarse a la mesa y construir a favor del país.

Más aún si se toma en cuenta que éste es un año electoral y que en nada ayudará a la ya de por sí mermada confianza que el discurso electorero contamine y condicione la toma de decisiones.

De la misma manera que se anuncia con bombo y platillo que se blindan los programas sociales para que no se utilicen con fines electorales, también debemos blindar las ideas y las propuestas que nos servirán para hacer frente a la mayor crisis económica mundial desde la Gran Depresión de 1929.

Un gran acuerdo nacional nos serviría para separar lo importante de lo urgente y retirarlo de la agenda electoral. Eso exige una madurez que en muchos casos no vemos en nuestros actores políticos.

Lo peor que le podría pasar al país es que las elecciones del 5 de julio frenaran la toma de decisiones y que en lugar de buscar soluciones a una problemática real, hubiera quien estuviera interesado en agravarlos para lograr rentabilizarlos a su favor en las urnas.

En este proceso, el gobierno federal debe ser creativo y buscar ante todo el consenso y el diálogo. Seguramente es difícil hacerlo, sobretodo si se considera que una parte de la oposición lo que menos le ha dicho a quien lo encabeza es “espurio” e “ilegítimo” y obligó al Presidente de la República a protestar su cargo en condiciones vergonzosas.

Sin embargo, no hay espacio para sentimentalismos. Los mexicanos demandan responsabilidad absoluta de la clase política. Es su obligación constitucional hacerlo. Su trabajo consiste en tener altura de miras y dejar de lado sus intereses particulares para salvaguardar los de 110 millones de personas.

El acuerdo propuesto, independientemente de su contenido, serviría para demostrar que existe un margen de maniobra que permite consensuar y tomar decisiones, y que los “catastrofistas” se enfrentarán a una clase política que hará cualquier cosa –hasta olvidar los mutuos agravios– para sacar adelante al país.