Ser oposición: ¿Propuestas o protestas?

Coincido con Andrés Manuel López Obrador en que es urgente tomar medidas que amortigüen la crisis económica y garanticen que lo que hoy es una grave contracción de la economía mañana no sea una debacle que ponga en peligro la estabilidad de las familias mexicanas e incluso la gobernabilidad democrática del país.

Ahora bien, el hecho de que concuerde con el ex candidato presidencial en un punto en el que pocos no lo estarían, de ninguna manera significa que considere que la aportación del perredismo a la mejora de la situación económica nacional se deba limitar a programar una serie de actos de protesta que, en el fondo, se perciben más como un medio de reposicionamiento electoral que como una vía de solución.

Espero que no se me malentienda. De ninguna manera estoy diciendo que las manifestaciones sean negativas. Todo lo contrario, en este espacio he defendido en múltiples ocasiones la necesidad de que todos participemos y tomemos las calles cuantas veces sea necesario para hacer oír nuestra voz.

La participación política no convencional –que incluye en su repertorio a las manifestaciones públicas y pacíficas– es un derecho que puede y debe ser ejercido por la ciudadanía para reivindicar sus legítimas demandas frente a aquellos que tienen la obligación de escucharla.

He comentado que en España, por ejemplo, es muy usual que los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil opten por este mecanismo para manifestarse en relación con diversas situaciones que les incumben.

Aunque las mismas no suelen ser organizadas por los partidos políticos, cuando éstos llegan a participar lo hacen para apoyar iniciativas ciudadanas o en manifestaciones contra el terrorismo de ETA, en las que no es nada raro ver juntos a representantes de todos los partidos españoles.

El asunto es que el PRD no es un grupo de ciudadanos cuya voz marginada requiera de protestas públicas como única vía para ser escuchada. El hecho de que en él participen diversos movimientos sociales no significa que adquiera esa naturaleza ni que tenga los mismos derechos, obligaciones y responsabilidades.

El PRD es un partido político legalmente constituido, que ocupa el segundo lugar en escaños en la Cámara de Diputados y el tercero en la de Senadores; que gobierna seis entidades de la Republica –incluido el Distrito Federal– y que cuenta con representantes en todos los congresos estatales del país –cerca de 200 diputados locales.

Por lo tanto, es parte integrante de una democracia representativa que se ha dotado a sí misma de diversos mecanismos para que aquellos que ostentan la representación popular puedan cumplir con sus funciones y servir a los intereses para los cuales fueron elegidos y en virtud de los cuales reciben una muy digna remuneración.

De la misma manera que, entre otros muchos, los partidos políticos tienen el derecho de presentar candidatos a las elecciones y de recibir cientos de millones de pesos cada año para financiar sus actividades; también tienen la obligación de utilizar los mecanismos constitucionales y legales para hacer escuchar la voz de quienes les votaron –y la de aquellos que no lo hicieron.

Así las cosas, a pesar de que todos los mexicanos tenemos el derecho de salir a la calle para manifestar nuestra opinión o descontento respecto a algo, los partidos con representación legislativa tienen uno adicional del cual no gozamos la mayoría: el de presentar, discutir y votar iniciativas de ley.

Por eso llama la atención que el PRD apueste por tomar las calles como estrategia principal y no por movilizar los recursos legislativos y políticos de los cuales dispone.

Si, por ejemplo, han decidido ir en contra de las altas tasas de interés que la mayoría de los bancos cobran a los mexicanos, quizá sería una mejor idea presentar y hacer pública una nueva iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito –propuesta en la que sólo algunos banqueros estarán en desacuerdo– que manifestarse a la afueras de las oficinas de la Asociación Mexicana de Bancos.

Pensemos en un encuentro de fútbol altamente complicado en el que algunos de los jugadores de nuestro equipo decidieran abandonar el partido para integrarse a la porra y solidarizarse con sus aficionados. Nada les impediría hacerlo; quizá serían bienvenidos. Pero seguramente, además de no cobrar sus abultados sueldos, nuestras posibilidades de ganar –o al menos de empatar– se verían fuertemente disminuidas, sobretodo si consideramos que los espectadores no podemos hacer lo mismo y meternos al campo de juego para suplirlos.

Surge entonces una cuestión preocupante: Si aquellos que ostentan la representación popular optan por renunciar al ejercicio de los poderes que a través del voto se les han conferido ¿Quiénes velarán por los intereses de una sociedad que con urgencia requiere soluciones?

El país demanda responsabilidad absoluta de todos los actores políticos para afrontar los viejos y los nuevos retos que se le plantean. Ningún partido político puede culpar a los otros de la situación, hacerse de la vista gorda, ni salirse del juego democrático para no cumplir su responsabilidad. Menos aún cuando el resultado, de una u otra manera, nos afectará a todos los mexicanos.