¿Se rompe España?

Desde la caída del muro de Berlín, el mapa de Europa ha cambiado mucho y quizá lo seguirá haciendo.

La URSS dejó de existir como unidad política, surgiendo un sinnúmero de nuevos estados, de los cuales siete se encuentran en el continente europeo.

La Yugoslavia del carismático Josip Broz “Tito” cedió su lugar a seis nuevos estados oficialmente reconocidos; a los que se suma Kosovo –que declaró su independencia el 17 de febrero de este año y aún no es reconocida por muchos gobiernos.

La antigua Checoslovaquia se convirtió en las repúblicas Checa y Eslovaca.

La tendencia hacia la fragmentación continúa y afecta a estados cuya integridad territorial hasta hace pocos años no se percibía en riesgo.

En Bélgica, por ejemplo, las tensiones entre flamencos y francófonos colocaron al país al borde de la separación a finales del año 2007.

De no ser por la intervención de la diplomacia continental, el todavía vigente conflicto hubiese dejado a la Unión Europea con el nada pequeño problema de la escisión del país en donde tienen su sede la mayoría de los órganos y agencias comunitarios.

Problemas similares se presentan en la Lombardía italiana, en Escocia y en España – principalmente en el País Vasco y en Cataluña.

Es por ello que, cuando hace pocas semanas, el lehendakari –denominación que se da al titular del poder ejecutivo de la Comunidad Autónoma del País Vasco– Juan José Ibarretxe, dio a conocer su decisión de llevar a cabo una consulta pública generó un alboroto de grandes proporciones.

Con sólo dos preguntas, el político del Partido Nacionalista Vasco, puso a temblar al actual régimen constitucional español, sobretodo en lo referente a lo que se conoce como las “autonomías”.

La primera de las interrogaciones sobre las cuales se proponía consultar a los ciudadanos vascos era si están de acuerdo con un final dialogado de la violencia en caso de que ETA acepte abandonar su lucha armada.

La segunda, si lo están con una negociación entre los partidos locales sobre el “derecho a decidir” del pueblo vasco.

Sobra comentar que el “derecho a decidir” implica la posibilidad de que los habitantes del País Vasco decidan en un mediano plazo si continúan siendo parte de España o si, por el contrario, se independizan de ella.

Es importante tener bien claro que el hecho de que los vascos no apoyen a ETA y a sus métodos terroristas, no significa que no simpaticen con una mayor autonomía frente al Estado español.

Según datos de la encuesta “sociometro vasco” de este mes, el 30% de los ciudadanos de esta comunidad se oponen a la independencia de España, el 26% está a favor y el 32% decidirá su postura en función de las circunstancias.

Esto quiere decir que dos de cada tres vascos, o bien están a favor de la independencia o no la descartan del todo.

Y es que el problema de la forma de Estado no es nada nuevo en España. De hecho se presentó como uno de los más polémicos desde las discusiones previas a la aprobación de la constitución de 1978.

A finales de los años setenta, la democracia en gestación se cuestionó sobre la mejor manera para abandonar el centralismo franquista que en ese entonces imperaba.
Hasta antes de 1978 el Estado era el titular de las competencias políticas y administrativas en todos los órdenes y actuaba a través de entes cuyas competencias eran sólo administrativas y tuteladas.

Finalmente, los españoles optaron por un modelo de Estado descentralizado. Sin denominarlo expresamente como un Estado federal, en realidad es muy similar a él.
Junto a la Administración General del Estado –en México sería el gobierno federal– se crearon 17 comunidades autónomas –homologables a los 31 estados y al Distrito Federal que existen en nuestro país – y 2 ciudades autónomas, las africanas Ceuta y Melilla.

Al interior de cada comunidad autónoma, pueden existir una o varias provincias.
A su vez, con 45 millones de habitantes, existen en España 8,111 municipios. Demasiados, si consideramos que con una población de 110 millones, México tiene tres veces menos –cerca de 2,400.

Aunque en términos generales los resultados del modelo en el desarrollo español han sido muy favorables, los problemas surgidos también han sido muchos.

Como la gran mayoría de los conflictos, este tipo de tensiones también tiene su origen en cuestiones económicas.

En 1982, sólo el 15% de los recursos del gasto no financiero de la administración pública era ejercido por las comunidades autónomas y los municipios, mientras la administración central gastaba el 53% y el 32% la seguridad social.

Hoy en día esta proporción se ha invertido. La Administración General ejerce sólo el 20%, las comunidades autónomas y los municipios el 49% y la seguridad social el 31%.

El modelo de financiación del Estado ha sido duramente cuestionado. Principalmente por aquellas comunidades que contribuyen en mayor medida al presupuesto general.
El 15 de julio pasado el Ministerio de Hacienda español publicó las conocidas como “balanzas fiscales”, que no son otras cosa que el análisis de qué tanto dan o, en su caso, reciben las comunidades autónomas en relación con su aportación fiscal.

Las comunidades autónomas de Madrid, Baleares y Cataluña son las menos favorecidas. Madrid recibe un 9% menos de lo que aporta, mientras Cataluña sale perdiendo un 7%.

En el otro lado de la moneda se encuentran las comunidades autónomas de Extremadura y Asturias, que reciben casi 16% y 11% más de lo que aportan respectivamente.

Contra lo esperado, los datos arrojan que el País Vasco recibe un poco más de lo que aporta, lo que debilita uno de los argumentos que tradicionalmente se esgrimen para promover su independencia.