Si algo dejó claro el atentado terrorista del 15 de septiembre en Morelia fue que muchas de las víctimas de la mal llamada “guerra contra el narcotráfico” son y seguirán siendo gente inocente, cuyo único error es estar en el lugar y en el momento equivocados.
La perdida de ocho vidas en Michoacán debe servirnos para comprender que cada uno de los miles de asesinados por los señores de la muerte –más de 3 mil en lo que va del año – es una potencial víctima.
Debemos reconocer que durante mucho tiempo nos refugiamos en el pretexto de que las masacres consistían en “ajustes de cuentas” entre bandas rivales. Lo que nos servía como consuelo, pues a pesar de caer por miles, nos otorgaba distancia de los acontecimientos.
Llegamos a pensar que no se trataba de gente “común y corriente”. “Algo habrán hecho”, juzgábamos, sin siquiera tener elementos.
¿Y qué si no fue así? ¿Y si el periodista, el campesino, el albañil, el empresario, el policía, el funcionario, el niño o la ama de casa murieron por hacer su trabajo o simplemente por una mala jugada del destino?
Si como lo mencionan nuestras autoridades, ésta es una guerra, habrá que recordarles que ningún ejército del mundo deja a sus heridos o muertos abandonados en el campo de batalla.
Es por ello que la primera muestra de fuerza que debemos dar a aquellos que nos han quitado la tranquilidad y con ello han cercenado la libertad a la que tenemos derecho, es que sabemos cuidar de nuestras víctimas y que todas ellas tienen nombre, apellido y rostro, como lo tendrán en su momento quienes han cegado o destrozado sus vidas.
Porque algún día, cuando las balas del narcotráfico callen y los mexicanos ganemos la batalla en contra del narcoterrorismo, tendremos que mirar hacia atrás para contar nuestras bajas y darles a ellos y a sus familias la justicia que hasta ahora se les ha negado.
Es un buen momento para crear una Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo en México y también, por qué no, una asociación de víctimas que represente sus intereses.
Ahora bien, si alguien aún duda en denominar como terrorismo a los actos que en los últimos meses ha cometido el crimen organizado de nuestro país, sólo basta consultar el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: se denomina terrorismo a “la dominación por el terror” o a la “sucesión de actos violentos ejecutados para infundir terror”.
En este sentido, la experiencia española puede sernos de mucha utilidad.
La utilización del término terrorismo no es nada nuevo en el país ibérico, principalmente desde que hace cuarenta años, el 7 de junio de 1968, ETA reivindicara su primer atentado mortal. Aquel que le costo la vida al guardia civil José Jardines Arcay.
De acuerdo con el libro “La derrota de ETA” del periodista José María Calleja y del profesor Ignacio Sánchez-Cuenca, los actos terroristas de Euskadi Ta Askatasuna han costado la vida de 838 personas.
Un promedio de poco más de 20 muertes por año. Siendo los últimos cuatro años los menos violentos –6 personas desde 2004– y 1980 el más sangriento –murieron 99 personas.
Fue así como, para "rendir testimonio de honor y reconocimiento a quienes han sufrido actos terroristas y, en consideración a ello, asumir el pago de las indemnizaciones que le son debidas por los autores y demás responsables de tales actos”, el 8 de octubre de 1999 se aprobó en España la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo.
Mediante este instrumento legal, el Estado español, además de conceder a las víctimas del terrorismo distinciones de carácter civil y otras ayudas materiales, subsidios y exenciones; asume el pago de las indemnizaciones económicas que los terroristas –autores materiales o intelectuales de los crímenes– deberían cubrir a las víctimas o a sus legítimos beneficiarios.
La Ley de Víctimas deja claro que la acción del Estado es extraordinaria, por lo que no significa que éste asuma algún tipo de responsabilidad subsidiaria.
Es decir, el deber se acepta por un principio de solidaridad y no de responsabilidad, siempre y cuando la víctima o sus beneficiarios permitan que cuando los terroristas sean puestos frente a la justicia y se vean obligados a indemnizar a sus víctimas por su responsabilidad civil, el cobro sea recibido por el Estado español –a través de una subrogación.
Lo importante, sea cual sea el mecanismo que se utilice, es que la atención a las víctimas del narcoterrorismo se fundamente en instrumentos legales, que les concedan certeza jurídica y velen por conseguir “la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia” –objetivos de la asociación existente en España.
El cobarde atentado del 15 de septiembre en Morelia no se debe convertir en un eslabón más de la cadena de actos violentos en contra de los mexicanos, sino en el inicio de la derrota de aquellos que desde hace mucho tiempo atemorizan a gente inocente a lo largo y ancho de nuestra nación.
Empecemos por cuidar de los caídos y de sus familias.
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