La institución pública en la que más confianza tienen los españoles es la policía.
Así lo evidenció la última encuesta en la que el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) lo preguntó.
La policía es seguida en aceptación por el ejército, la monarquía, el defensor del pueblo, los ayuntamientos y el tribunal constitucional; que lograron aprobar en confianza ciudadana.
El resto de las instituciones por las que se preguntó resultaron reprobadas.
Obtuvieron una calificación menor a cinco los tribunales de justicia, los gobiernos central y autonómico –asimilables al federal y estatal en México–, así como sus respectivos poderes legislativos.
Independientemente de las diversas lecturas que puedan resultar de estos datos, llama la atención el hecho de que la policía haya logrado superar a la monarquía o al ejército, que tradicionalmente aparecían a la cabeza, desde que en 1984 el CIS comenzó este tipo de mediciones.
Y es que tanto en la etapa franquista como en la que siguió a la transición de finales de los años setenta, la policía española se vio implicada en diversos casos de abusos, persecución política y corrupción que no permitían preveer esta favorable situación.
“Confianza” era lo que menos inspiraba la policía a la mayoría de los ciudadanos españoles.
Uno de los ejemplos más conocidos durante el franquismo fue el “caso Ruano”.
En 1969 el joven estudiante Enrique Ruano fue detenido por la policía por repartir propaganda del sindicato Comisiones Obreras –en aquel entonces clandestino–, vinculado al Partido Comunista Español.
Tres días más tarde, Ruano apareció muerto, siendo la versión policial que él mismo se había arrojado por la ventana en un intento de fuga.
A pesar de la gran indignación social que provocaron las anomalías que rodearon a la detención y muerte del joven, el caso nunca se resolvió. Casi dos décadas después, en 1992, los tres policías implicados en el caso se hallaban en activo y nunca fueron castigados.
Desafortunadamente, este tipo de casos no murieron junto con la dictadura de Franco.
En plena efervescencia democrática, la policía española seguía en el punto de mira.
Aun después de aprobada la nueva Constitución de 1978, los informes de Amnistía Internacional seguían mostrando denuncias contra la policía española.
Según esta ONG hasta 1984 la tortura y el maltrato de detenidos en España eran continuos. En febrero de 1981 una persona falleció en Madrid con señales claras de esta práctica. En marzo de 1984 dos policías fueron hallados culpables de haber torturado a otro detenido en Bilbao.
Las unidades mencionadas con mayor frecuencia eran la Guardia Civil y el Cuerpo Superior de policía, pertenecientes ambos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Quizá el punto más crítico fue a finales de los años ochenta cuando, gracias a investigaciones periodísticas –principalmente la realizada por Pedro J. Ramírez, hoy director del periódico El Mundo–, salió a la luz pública el caso de los GAL (Grupos antiterroristas de liberación).
En 1988 los españoles conocieron con sorpresa que altos cargos del gobierno de Felipe González –imbatible en términos electorales– habían conspirado para crear a los GAL, un grupo terrorista clandestino, que apoyado con recursos humanos y económicos del Estado español, desde 1983 se había encargado del espionaje, asesinato y secuestro de diversos ciudadanos supuestamente vinculados a ETA.
El caso GAL es considerado el principio de la caída de Felipe González. En 1998 diversos funcionarios políticos y policiales, entre los que se encontraba quien fungiera como su Secretario de Estado para la Seguridad fueron declarados culpables de secuestro y malversación de caudales públicos.
En tiempos más recientes, para ser precisos en mayo de este año, se descubrió en el municipio de la periferia madrileña de Coslada una red de corrupción y tráfico de influencias liderada por el jefe de la policía de dicha demarcación.
Así las cosas, ¿Cómo fue posible ubicar a la policía como la institución en la que más confianza tienen los españoles a pesar de estos y muchos otros sucesos?
Erróneamente, muchos se lo atribuyen al hecho de que en 1986 una nueva ley orgánica creó el Cuerpo Nacional de Policía al unificar los Cuerpos de Policía Nacional y el Cuerpo Superior de Policía. Ambas corporaciones tenían una naturaleza muy distinta, pues el primero era un cuerpo policial de choque o preventivo, mientras el superior se dedicaba a la investigación.
Sin embargo, contra lo que se suele considerar, en España no existe una sola policía y menos aún se tiende hacia la unificación de los cuerpos policiales. Por el contario, el fenómeno que se presenta es la aparición gradual de nuevas estructuras con competencias diversas.
En este sentido, la propia ley orgánica no deja lugar a duda al respecto al señalar que el mantenimiento de la Seguridad Pública se ejercerá por las distintas Administraciones Públicas a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que a su vez se componen por los cuerpos policiales municipales –la de Madrid tiene incluso funciones de policía judicial–, los cuerpos policiales de las comunidades autónomas –la Ertzaintza en el País Vasco o los Mossos d´Esquadra en Cataluña – y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –integradas por dos cuerpos independientes el uno del otro, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.
Una vez aclarado el falso mito de la policía única, ¿Cuál son entonces los factores que han incidido en la percepción que los ciudadanos españoles tienen de sus policías?
Seguramente no fue uno, sino varios los factores positivos que convergieron para que en treinta años la policía pasara de ser sinónimo de desconfianza a la institución mejor valorada en España.
Quizá la respuesta se encuentre en una definición clara de competencias, en la especialización, en los mecanismos de coordinación entre cuerpos, en el impulso al fortalecimiento institucional, en la independencia casi plena de los cuerpos policiales de los vaivenes políticos y en la inversión en infraestructura y equipamiento.
También en un control ciudadano de la actuación de las corporaciones y de quienes las integran, en la inversión en el capital humano del personal –que pase por una capacitación mínima estandarizada– y en un servicio policial de carrera efectivo y eficiente –que garantice a los elementos limpios un empleo digno y una superación sin valoraciones subjetivas, que dependa de sus resultados y no de su complicidad forzada con aquellos de quienes dependen jerárquicamente.
Todas y no una sola debieron ser parte de la estrategia que con una visión de largo plazo, pero sin olvidar los resultados de corto y mediano alcances, diseñaron e implementaron los españoles.
Pensar en implementar una sola de ellas hubiera sido, además de un engaño, completamente insuficiente.
Las soluciones espectaculares, acompañadas de frases vacías como “guerra contra la delincuencia”, suelen menospreciar el diagnóstico real y originar soluciones mediáticas y mediocres, cuyos resultados exhiben incompetencia y generan desconfianza en las instituciones.
Agregaría otro factor de éxito: menos discursos y más trabajo.
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