Penas y autoridades que dan pena

El 13 de enero pasado la niña Mari Luz Cortés, de cinco años de edad, desapareció sin dejar rastro.

El caso inmediatamente causó un alto impacto entre los vecinos de la sureña ciudad española de Huelva, en donde habitaba.

Poco después, gracias a la amplísima cobertura de los medios de comunicación, la desaparición de la menor se convirtió en un tema de relevancia nacional.

Mientras miles la buscaban y otros tantos se manifestaban por toda España para exigir su retorno, su familia imploraba piedad a aquellos que suponían la mantenían cautiva.

Las autoridades, desconcertadas, no lograban dar a la opinión pública ni la información ni los resultados que exigía.

La pista de Mari Luz se había desvanecido a sólo cien metros de su casa, distancia a la que se encontraba el expendio de dulces al que habitualmente acudía y del cual se sabía con certeza había salido para regresar a su hogar.

Casi dos meses después, el 7 de marzo, se hizo realidad la peor de las pesadillas de la familia Cortés y de los millones de españoles que seguían con atención el caso. El cuerpo sin vida de Mari Luz fue encontrado flotando en el mar.

Días más tarde, el 25 de marzo, la policía nacional detuvo a Santiago del Valle y a su esposa Isabel García como presuntos autores del crimen.

A las pocas horas de la detención de los homicidas, que vivían a metros del hogar de Mari Luz, comenzaron a hacerse públicas distintas anomalías que evidenciaron, además de la clara culpabilidad de la pareja, una cadena de negligencias de parte de las autoridades, que en gran medida contribuyó a los lamentables hechos.

Fue entonces cuando el caso dio un estrepitoso vuelco. Detenidos los criminales, el banquillo de los acusados fue ocupado por el propio sistema judicial español, que pasó de ser juzgador a ser juzgado.

Y es que no era la primera ocasión en que la nefasta pareja se veía envuelta en incidentes de carácter ilícito. Se trataba, por decir lo menos, de unos pájaros de cuenta consumados.

Al momento de asesinar a la niña Mari Luz, Santiago del Valle e Isabel García debían haber estado tras las rejas, pues sobre ellos pesaban diversas condenas previas.

En 1999, del Valle y su esposa fueron acusados de cometer abusos sexuales contra su propia hija, que casualmente contaba entonces con los mismos cinco años de Mari Luz.

Para intentar evadir la acción de la justicia, acusaron judicialmente por dichos delitos a un maestro de educación física, al que incluso pidieron 60 mil euros para reparar el daño que en el colmo del cinismo decían les había inflingido.

Queda como constancia macabra de ello, la entrevista que en el año 2002 le hiciera una televisora a Santiago del Valle. “Antes de abusar de mi hija, abusaría de cualquier mayor que no me tocara nada”, anunciaba soberbio el pederasta.

A pesar de sus maniobras, ese mismo año un juzgado los condenó por los abusos sexuales cometidos contra su menor hija. Dicha condena fue confirmada hasta 2005 por la Audiencia Provincial de Sevilla.

Según la sentencia, dos años y nueve meses debía pasar del Valle tras las rejas, mientras su esposa tendría que estar recluida en internamiento psiquiátrico penitenciario quince meses. También se les retiró la patria potestad de sus dos hijas, que hoy cuentan con quince y nueve años y se encuentran con dos familias de acogida.

Sin embargo, los entonces pederastas y hoy asesinos no pasaron ni un minuto en prisión.

Debido a sus constantes y premeditados cambios de domicilio nunca fue posible notificarles la sentencia que les condenaba.

En 2006, el juez que los declaro culpables emitió una “averiguación de paradero” que, al no resultar exitosa, se constituyó en el mejor pretexto de la justicia para no ejecutarles la pena que les correspondía. Nunca se dictó una orden de “búsqueda y captura”.

Fue así como, mientras el sistema judicial español se envolvía en su propia burocracia y autocomplacencia, Santiago del Valle seguía intentando abusar de menores utilizando todos los medios a su alcance.

Cada día de retraso del sistema impartición y procuración de justicia español era aprovechado por el pederasta para cometer más delitos, quien actuaba confiado de que nunca pagaría por sus actos.

Muchas fueron sus andanzas después de 1999.

En diciembre de 2004 fue condenado por el juzgado penal 4 de Sevilla a dos años de cárcel por abusar sexualmente de una niña de 9 años. Tampoco purgó esta condena.

Intentó hacer lo mismo con una menor de la ciudad asturiana de Gijón, con la que buscó mantener relaciones sexuales mediante engaños por Internet. Afortunadamente, la madre de la menor lo descubrió, denunció los hechos a la policía y al pederasta se le impuso una orden de alejamiento que salvó a la niña de un fatal destino.

Pero sus faltas no terminaron ahí. El juzgado octavo de instrucción de Sevilla, que se encuentra a sólo unos pasos del juzgado primero –que se suponía lo buscaba para que purgara la condena impuesta por los abusos contra sus propias hijas– le abrió una causa por tocamientos libidinosos contra una menor en el año 2006.

Como monumento a la ineficacia y negligencia queda el hecho de que por esta última denuncia Santiago del Valle acudía a firmar a los juzgados todos los días 1 y 15.

Para conservar la libertad que le permitía seguir delinquiendo, en su camino quincenal al juzgado octavo, pasaba a no más de diez metros del juzgado primero ¡Cuanta risa debe haberle ocasionado!

Pero los padres de Mari Luz no se limitaron a exigir justicia al sistema que, por su ineficacia, había dejado libre al pederasta que convertido en homicida, les había privado de su hija.

En un acto de franco valor, pocas semanas después de haber sido encontrado el cuerpo de Mari Luz, su familia emprendió un largo camino para recorrer toda España con el propósito de reunir 500 mil firmas en apoyo de un endurecimiento de las penas contra los pederastas.

En mayo, al entrevistarse con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ya habían recabado las firmas que buscaban.

El 23 de julio, cuando Mariano Rajoy y Rodríguez Zapatero alcanzaron, en nombre de los dos grandes partidos políticos españoles, un acuerdo contra la pederastia –de esos que últimamente son muy escasos en España y otros países– Juan José Cortés, padre de Mari Luz, ya había reunido más de dos millones de firmas que apoyaban la cadena perpetua contra los pederastas.

Gracias a una tragedia familiar, que se convirtió en un movimiento ciudadano, es cuestión de meses para que se apruebe una reforma al Código Penal español que endurecerá las penas contra este tipo de delitos y ampliará el control sobre quienes los cometen, con instrumentos como el registro nacional de condenados por abusos contra menores.

Porque incrementar las penas es sólo una mínima parte de la solución, que no deja de ser discurso vació y meramente aspiracional si no está debidamente cubierto por otros instrumentos.

Es fundamental que las penas, sean de la magnitud que sean, en efecto se ejecuten a través de la aprehensión de los delincuentes y del subsecuente control eficiente y eficaz de los procesos que se les siguen.

De otra manera seguirán deambulando por las calles delincuentes como Santiago del Valle, para los que los años de condena –sean dos, cinco o cien– no representan nada, sólo un número más al que saben no se someterán gracias a un sistema de impartición y procuración de justicia que se los permite.