Bancos que no prestan, países que no crecen

¿Se equivoca Carlos Slim cuando critica a los bancos “mexicanos” por las excesivas tasas de interés que cobran a sus clientes?

Haciendo a un lado el debate paralelo que se abrió a partir de sus declaraciones –que muchos centraron mal intencionadamente en la crítica personal al empresario mexicano, para evitar hacerlo en torno al contenido y justificación de sus palabras–, considero que no sólo no se equivoca, sino que se quedó corto al referirse a la actuación del sistema bancario nacional.

Aclaro que el no entrar a la polémica sobre la legitimidad que tiene o no el ingeniero Slim para opinar sobre el sistema financiero no significa que, en mi humilde opinión, no piense que el dueño, entre otras empresas, de Telmex, Telcel, Sanborn´s, Sears, América Movil e Inbursa, podría hacer mucho más por el país de lo que ha hecho hasta ahora –que en ningún caso es poco. Simple y sencillamente creo que sería un desperdicio no aprovechar la oportunidad que nos brindan las palabras del exitoso empresario para abrir el necesario debate sobre la regulación del sistema financiero mexicano.

Porque si algo ha quedado claro en esta crisis financiera global es que nada está escrito en piedra y que muchos de los fundamentos sobre los cuales funcionaba la economía han dejado de ser paradigmas intocables para pasar a engrosar la lista de las muchas cosas sobre las cuales es necesario debatir.

México no puede quedar fuera de esta dinámica. Mientras en todo el mundo los anteriores defensores a ultranza del neoliberalismo, claman ahora por la intervención del Estado para rescatar bancos, aseguradoras y hasta empresas automotrices; en nuestro país la ortodoxia económica recalcitrante –ligeramente fuera de moda– se rasga las vestiduras cuando escucha juntas las palabras “regulación” e “intervención estatal”.

Una vez que, de manera ciertamente dolorosa, se han despejado las dudas sobre si México estaba “blindado” frente a la crisis global y respecto de si esta amenaza impactará en diversos ámbitos de nuestra economía, es necesario comenzar a preguntarse cuáles serán los sectores que habrá que reformar y respaldar para que, además de no colapsarse, aporten su debida contribución al desarrollo nacional.

Tal es el caso del sistema financiero en general y del bancario en particular, cuyo necesario replanteamiento viene determinado, no por el hecho de que el tema se haya situado en la efímera agenda mediática gracias a las declaraciones de Carlos Slim durante la XIX Convención del Mercado de Valores, sino por la existencia real de situaciones que le afectan de forma coyuntural –la crisis financiera internacional– y de manera estructural –la falta del cumplimiento de los objetivos del sistema bancario mexicano.

En el primer caso, la actual crisis ha provocado la estrepitosa caída de diversas instituciones financieras, entre las que se encuentran: las hipotecarias estadounidenses Fannie Mae y Freddie Mac, los bancos comerciales Citibank y Dexia, los bancos de inversión JP Morgan, Merril Lynch y Lehman Brothers, la Aseguradora AIG y el grupo holandés ING que, o bien se fueron a la quiebra, o tuvieron que ser rescatados a través de su venta o mediante la inyección de recursos fiscales.

En prácticamente todos los países industrializados se han aprobado planes de rescate públicos mil millonarios que tienen, como primer objetivo, poner a flote sus sistemas financieros para garantizar los ahorros del público y mantener activa la oferta de los créditos que necesitan sus economías –cosa que aún no se consigue.

En México, además del substancial incremento en la cartera vencida y de las sugerencias del propio Carlos Slim de “prever” posibles riesgos en los intermediarios financieros, no se han prendido los “focos rojos” en relación con la solidez de los bancos. Sin embargo, la “minusvalía” de al menos 55 mil millones de pesos presentada en otro agente financiero nacional, las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), debería servir como una alerta temprana a la cual poner especial atención.

Por ello, a estas alturas difícilmente habrá quien se atreva a dudar de que la crisis económica actual modificará el rostro del sistema financiero internacional que se construyó a partir de los acuerdos de Bretton Woods en 1944. La reunión en noviembre pasado del G-20 en Washington, que marcó el inicio de la construcción de un nuevo orden en la materia, es la mejor prueba de ello.

Esta primera reflexión nos lleva a una pregunta: dado que México es parte del sistema económico global y no una isla incomunicada, ¿Hay algún motivo por el cual debamos pensar que nuestros bancos no corren el riesgo de ser afectados por las circunstancias antes descritas?

La segunda razón para considerar una reforma al sistema bancario mexicano no es menos valida que la anterior y tiene que ver más con una situación estructural que, aunque se ve agravada por la actual crisis mundial, en realidad no es consecuencia de ella y ha estado constantemente presente –o ausente– en nuestro país. Me refiero a la escasez en el otorgamiento de créditos.

Esta situación que, como ya se mencionó, nada tiene que ver con la crisis financiera actual, se ha convertido en uno de los mayores males de los empresarios mexicanos, que son los principales generadores de empleo y riqueza nacional.

La buena noticia es que la falta de crédito no afecta a todas las empresas por igual, pues lo hace en menor medida con las grandes, mientras que perjudica más a las micro, pequeñas y medianas. La mala es que el 99 por ciento de las empresas mexicanas corresponden a esta última categoría, que genera 7 de cada 10 empleos y aporta el 60 por ciento del producto interno bruto. En el caso de las micro empresas el acceso al crédito es prácticamente nulo.

Así que, a menos de que posea un negocio como CEMEX, FEMSA o Televisa, el empresario mexicano promedio se enfrenta con severas dificultades para financiar la operación de su negocio, motivo por el cual recurre a fuentes de financiamiento alternativas, tales como un excesivo apalancamiento con proveedores o créditos de carácter “privado”.

Esto explica por qué el negocio del agio es uno de los más rentables en nuestro país, principalmente en época de vacas flacas. Al encontrar la puerta de los bancos cerrada, los empresarios mexicanos se ven en la necesidad de tocar las de los cientos de usureros que estarán dispuestos a prestarles el dinero solicitado a cambio de tasas de interés elevadísimas y del otorgamiento de garantías excesivas que en la mayoría de los casos comprometen el patrimonio de sus empresas y de sus familias.

Esta situación, si bien no es responsabilidad absoluta de los bancos, sí está altamente influenciada por la falta de cumplimiento del objeto para el cual fueron creados y en función del que les ha sido otorgada la protección legal para operar.

La Ley de Instituciones de Crédito establece que el objeto principal de la banca múltiple es prestar el servicio de banca y crédito, consistente en captar recursos del público mediante depósitos, quedando obligados a cubrirlos, junto con los intereses y comisiones; así como otorgar créditos, con cargo a los recursos captados.

Por eso extraña la excesiva sensibilidad de algunos banqueros cuando uno de sus miembros distinguidos opina a favor de una mayor intervención de los organismos reguladores que, según el artículo quinto de la propia ley, tienen la obligación de ejercer la rectoría estatal del sistema bancario, “fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la República y su adecuada canalización a una amplia cobertura regional que propicie la descentralización del propio Sistema, con apego a sanas prácticas y usos bancarios”.

Es incuestionable que los bancos tienen derecho a recibir intereses por el dinero prestado a través de tarjetas de crédito y otros instrumentos, como también lo tienen a cobrar comisiones por los servicios prestados. Sin embargo, quien tiene derecho, a su vez tiene obligaciones. En el caso de los bancos, una de ellas debería ser orientar una mayor proporción de los créditos que otorgan hacia los empresarios que tanto los necesitan y que, desde hace muchos años, no encuentran en la banca un respaldo a sus operaciones habituales.

Para contribuir al desarrollo nacional los bancos deberían cumplir con el compromiso ético de revisar las tasas de interés que cobran, para que estuvieran más acordes con los rendimientos que pagan a los ahorradores y con las que se cobran en otros países con los que México se relaciona y compite.

Por ello insisto en que Carlos Slim no se equivoca cuando alza la voz para pedir un cambio en el sistema financiero que, en todo caso, redundará en el beneficio de los propios banqueros, de los usuarios de los servicios que ofrecen, de los micro, pequeños y medianos empresarios y, por qué no, del ciudadano mexicano que también es el hombre más rico del mundo.