Hace 30 años –el 6 de diciembre de 1978– el pueblo español salió a las urnas para dar su veredicto, mediante referéndum, al proyecto de Constitución que previamente habían aprobado los Diputados de las Cortes Generales.
Apenas tres años antes, el 20 de noviembre de 1975, había muerto Francisco Franco; aunque con su muerte no lo hacía la dictadura, ni mucho menos las fuerzas que la habían sostenido durante casi cuarenta años.
Aún faltaban muchos pasos que dar para desmontar el andamiaje gubernamental, jurídico, político y social del franquismo, que había tenido tiempo suficiente para impregnarse en todos los rincones del país. La muerte del dictador no garantizaba que España se dirigiera inexorablemente al camino de la democracia.
Primero que nada, era necesario construir un consenso político y social respecto de la necesidad de transitar por la vía democrática. Las profundas heridas y agravios del pasado debían hacerse a un lado –al menos temporalmente–, si se quería alcanzar el objetivo. Esto implicaba, la adopción de un enfoque posibilista, que obligaba a centrarse en aquello sobre lo cual era posible o urgente trabajar y a dejar de lado los temas que por su menor grado de trascendencia o por su alto contenido ideológico ponían en riesgo el consenso.
Hecho lo anterior, se requería que los avances conseguidos se fueran plasmando en acuerdos que, gradualmente, adquirieran fuerza jurídica. Cosa nada sencilla, pues el quid del asunto consistía en utilizar los propios instrumentos de la dictadura para modificarla.
A menos que se optara por el incierto camino de la ruptura y la confrontación, se requería presionar al sistema lo suficiente para que gradualmente se “suicidara”, haciéndolo de tal forma que no reaccionara de manera contraria –riesgo que estuvo siempre latente y se manifestó en el fallido golpe de Estado que hubo años después.
De ello estaban concientes los actores políticos que pugnaban por el inicio de la transición democrática española. El propio Juan Carlos I, quien había jurado como Rey de España dos días después de la muerte del Generalísimo, lo había hecho con base en un “guión”, cuyos fundamentos legales y políticos habían sido establecidos por el mismo Franco.
El 6 de julio de 1976, Adolfo Suárez, nombrado por Juan Carlos I Presidente de Gobierno en sustitución del que le había sido “heredado” por Franco, presentó públicamente el programa político que permitió que el 18 de noviembre del mismo año los diputados franquistas aprobaran la Ley para la Reforma Política, que se sometió a referéndum popular el 15 de diciembre de 1976.
Con base en este ordenamiento jurídico se comenzó a construir un frágil entramado de leyes, como las de Asociaciones, Normas Electorales y Asociaciones Sindicales; que permitieron la legalización de los partidos políticos y sindicatos, así como la celebración de las primeras elecciones democráticas el 15 de junio de 1977.
Los nuevos diputados inmediatamente pusieron manos a la obra para iniciar el proceso de redacción de una nueva Constitución mediante la aprobación e integración, en julio y agosto de 1977, de una Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. El anteproyecto que presentó dicha comisión fue aprobado en sesión plenaria de Congreso y Senado, el 31 de octubre de 1978.
Finalmente, el 6 de diciembre de 1978, la Constitución española fue ratificada por referéndum popular con un amplio respaldo en las urnas. Con una participación del 67% de votantes, el “sí” recibió el 88% de los votos, lo que dio paso a la sanción del Rey el 27 de diciembre y a su publicación en el Boletín Oficial del Estado dos días después.
Los padres de la Constitución española enfrentaban diversos retos, además de los factores políticos ya mencionados –resistencias del antiguo régimen y dificultad para construir y mantener un clima de consenso estable.
Los políticos españoles de mediados y finales de los setenta tenían frente a sí la tarea de elaborar una Constitución que cumpliera eficazmente con las expectativas del conjunto de la sociedad y que sirviera de punto de partida para el desarrollo y la reinserción de España en el mundo, particularmente en Europa.
La Constitución debía cumplir su función como pacto político e instrumento jurídico de transformación social, sin descuidar la inclusión y atención equilibrada de los intereses de todos los sectores y grupos de interés y poder españoles.
Por ello, en el artículo primero señalaron: "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". La forma de gobierno elegida fue la monarquía parlamentaria, establecida en el artículo tercero.
La España de entonces era sumamente diferente a la actual. En 1975 su población era de 35 millones. Muchos cientos de miles emigraban a todo el mundo, en busca de oportunidades de vida. Hoy se estima en 45 millones, de los cuales cerca de 5 son inmigrantes que han llegado al país en los últimos diez años.
Gracias al modelo adoptado de Estado de bienestar, España es hoy un país más justo. Mientras que en la década de los setenta tenía la tasa de mortalidad infantil más elevada de Europa occidental, sólo superada por Italia y Portugal, hoy tiene la más baja después de los países escandinavos, 4 por cada mil nacidos vivos. La tasa de fecundidad ha pasado de 2.9 a 1.3 hijos por mujer.
Se logró con éxito la inserción de España en el nuevo contexto económico y político internacional, lo que se reflejó en su ingreso a la Unión Europea en 1986 y al hecho de haber pasado de tener en 1978 un Producto Interno Bruto per capita (en PPA) de 6,118 dólares anuales, a uno cinco veces mayor en 2008, unos 30,000 dólares.
Los cambios no son sólo cuantitativos sino cualitativos. Por citar alguno: se ha pasado de un Estado centralizado a uno altamente descentralizado, en el que las comunidades autónomas –similares a los estados en México– juegan un papel preponderante en la vida política nacional.
Mientras que en 1978 prácticamente todo el gasto era ejercido por la administración central y en 1982 sólo el 14,5% del gasto público no financiero fue ejercido por las comunidades autónomas, en 2007 éstas participaron en el 49% de estos gastos. Entre sus facultades actuales se encuentran sanidad, educación, asistencia social y, en algunos casos, seguridad pública.
Sin lugar a dudas, el balance final es positivo. A pesar de que en todo este tiempo la Constitución solo ha sido modificada en una ocasión, para agregarle las palabras “y pasivo” –permitiéndole cumplir con el Tratado de Maastrich–, cada vez son más frecuentes las voces que claman por revisar algunos aspectos que, en su opinión, son perfectibles o incluso ponen en riesgo la existencia misma de España. Según algunos, incluida la revista global The Economist, tal es el caso de las propias comunidades autónomas.
Lo que es un hecho es que nunca es ocioso formularse las preguntas que seguramente pasaron por la mente de los españoles y de sus representantes hace 30 años: ¿Cuál es el país que queremos y cómo lo lograremos? Felicidades España.
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