Gaza y la diplomacia funeraria

Según el reporte del 15 de enero de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos humanitarios, desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, el 39% de los 1,086 palestinos muertos y el 50% de los 4,900 heridos eran mujeres o niños.

Estas cifras, además de contrastar con las igualmente lamentables 8 víctimas mortales del lado israelí, constituyen una tragedia humanitaria en toda regla, que pone en tela de duda la eficacia de la arquitectura institucional que el sistema internacional de la posguerra construyó para evitar que hechos de esa naturaleza se sucedieran.

Por ello, resulta de un humor más que negro, escuchar las alegres declaraciones de la vieja diplomacia en el sentido de que cada vez está más cerca el fin de los combates, como si ello fuera consecuencia de su ardua labor de negociación –no dudo de su empeño, pero sí de su eficacia.

¡Claro que pronto acabarán las hostilidades! Aunque el cese al fuego nada tendrá que ver con el respeto al derecho internacional ni con la eficacia y oportunidad con la que se han aplicado las normas que lo integran.

Las hostilidades en Gaza se acabarán en el corto plazo –probablemente antes de que esta colaboración sea publicada– por motivos muy diferentes. En primer lugar, porque tal como lo declaró su propio ministro de defensa, Israel “está cerca” de cumplir los objetivos que se fijó cuando el 27 de diciembre pasado dio inicio a la operación “plomo fundido”.

En segundo lugar, porque sería difícil pensar que los estrategas israelíes deseen prolongar el conflicto hasta la toma de posesión de Barack Obama el próximo 20 de enero, obligándole a tomar una posición que, en cualquier caso, les resultaría bastante incomoda tanto al cuadragésimo cuarto presidente de EEUU como a ellos mismos.

Porque de no condenar hechos que a todas luces atentan contra el derecho internacional y los derechos humanos, el próximo inquilino de la Casa Blanca comprometería su favorable posición global y mostraría una evidente incoherencia con decisiones de alto impacto político, como el anunciado cierre de la prisión de Guantánamo. Si, por el contrario, se viera en la necesidad de condenarlos, tendría que afrontar consecuencias externas e internas cuya resolución demandaría una parte importante de una agenda y un capital político ya de por sí rebasados por la coyuntura y las expectativas.

En virtud de lo anterior, aunque las acciones bélicas se detuvieran ahora mismo, es preciso que la comunidad internacional reconozca que el marco jurídico que la rige fue violado de manera flagrante; como lo fueron los derechos de cientos de miles de personas que, antes de ser palestinos, son seres humanos y, por el simple hecho de serlo, están protegidos por diversos ordenamientos; como la Carta de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Convenios de Ginebra de 1949.

El sacrificio de inocentes, sean del bando que sean, no puede ni debe quedar impune. Más allá de cualquier consideración jurídica, política e incluso moral, es de vital importancia restaurar lo antes posible el predominio del orden jurídico, pues no hacerlo significaría abrir la puerta a un número mayor de conductas violatorias a lo largo y ancho del planeta. El mensaje que se mandaría a los pequeños y grandes dictadores que por todo el mundo hacen de este tipo de conductas su deporte favorito sería muy negativo.

Los ataques en contra de civiles y personal e instalaciones de la ONU, la Media Luna Roja y diversas organizaciones no gubernamentales –transmitidos en tiempo real por todo el mundo– deben ser investigados y castigados, a no ser que los altos responsables políticos asuman la preocupante posibilidad de que en un futuro esta práctica se vea incrementada.

Es precisamente el derecho y el miedo a una previsible sanción lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte para decenas de miles de cooperantes y funcionarios de organismos internacionales destacados en diversos países del globo. Privarlos de esa cobertura sería pedirles que arriesgaran mucho más de lo que sus códigos éticos y de conducta les exigen.

En el mismo sentido, las resoluciones del Consejo de Seguridad –particularmente la 1860 del pasado 8 de enero– y de la Asamblea General de la ONU del 16 de enero, deben ser respetadas y ejecutadas para recuperar la confianza internacional en las Naciones Unidas; la cual ha sido ampliamente mermada por la impotencia del organismo para proteger a la población civil y para defenderse a sí misma de ataques directos contra su personal e instalaciones.

Es cierto que este tipo de acciones nunca han dejado de estar presentes a nivel mundial –tal es el caso de la República Democrática del Congo, Sudán, Myanmar o muchos otros– pero también lo es que la invasión de Gaza es objeto de una cobertura mediática extraordinaria y que tiene lugar en un momento de claras redefiniciones del equilibrio internacional; marcado por expectativas muy favorables en torno a diversos acontecimientos, tales como el relevo presidencial en los Estados Unidos de América y la marcada confianza hacia un nuevo multilateralismo.

Por ello, lo que está sucediendo en Gaza no puede ser la continuación de una era caracterizada por las constantes afrentas contra el derecho internacional, sino el comienzo de otra en la que la voz de aquellos que pugnan por el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos sea acompañada por una mayor participación de la creciente sociedad civil global y por la presencia de mecanismos tendientes al cumplimiento efectivo de las disposiciones de índole internacional.

Así las cosas, sería lamentable y peligroso que los diversos actores del sistema internacional no hicieran una autocrítica que se tradujera en decisiones políticas para fortalecer a los diversos organismos internacionales responsables de velar por el cumplimiento de los derechos humanos.

El orden no se restaurará con el alto al fuego, sino con la imputación de responsabilidades del tipo que corresponda a aquellos que actuaron por encima de la ley, pertenezcan a Hamas o al estado de Israel. De otra manera, convertirían al derecho internacional humanitario en una herramienta para contar o enterrar cadáveres y no para evitarlos; y a los mecanismos tradicionales de negociación y conciliación en una diplomacia funeraria.

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