Israel vs Israel

Tal como lo señaló el pasado viernes 9 de enero la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, desde que el 27 de diciembre de 2008 iniciaron las operaciones militares en la Franja de Gaza, el ejercito israelí pudo haber cometido diversos actos violatorios del Derecho Internacional Humanitario, cuyo objetivo es proteger a las personas y bienes que no participan en los conflictos armados.

Si en efecto es así y no ha respetado las normas que está obligado a cumplir y defender como estado miembro de la ONU y como alta parte contratante de los Convenios de Ginebra de 1949, además de someterse a las consecuencias jurídicas debidas, el estado de Israel estaría atentando en contra del conjunto de normas internacionales que le protegen a sí mismo y a sus ciudadanos; que a su vez están intrínsecamente ligadas a su existencia como estado y que cuentan con un apoyo mayoritario de una sociedad civil global cada vez más celosa de su cumplimiento.

Según han informado los medios de comunicación internacionales, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, Médicos sin Fronteras y otras ONG´s presentes en la zona; en sólo trece días Israel ha bombardeado instalaciones y equipos de la ONU correctamente identificadas –una escuela-albergue y un convoy humanitario–, y ha atacado una casa con civiles palestinos que se habían refugiado en ese sitio por ordenes del propio ejercito israelí.

Lo anterior –que es sólo una pequeña muestra de lo sucedido– explica el por qué, según los servicios médicos palestinos, de los 800 muertos registrados al 9 de enero 230 son niños y 92 son mujeres, situación que se ha visto agravada por la supuesta falta de apoyo israelí para la prestación de los servicios médicos mínimos a la población por parte de los organismos humanitarios.

Ahora bien, ¿Por qué es posible argumentar que en caso de estar cometiendo crímenes de guerra Israel atentaría claramente en contra de sí mismo?

En primer lugar, porque transgrediría el derecho internacional humanitario, cuya creación derivó en gran medida del acuerdo de la comunidad internacional para evitar que se repitieran los actos de barbarie de la Alemania nazi en contra del pueblo judío.

De la misma manera que el Holocausto fue considerado en la propia Declaración de Independencia de Israel del 14 de mayo de 1948 como un hecho fundante que demostró la necesidad de un estado judío independiente, también fue uno de los principales motivos por los que se firmaron –sólo quince meses después– los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, pilares del derecho internacional humanitario moderno.

Así las cosas, a pesar de no ser su única fuente, el Holocausto constituye el hecho histórico común que impulsó la existencia del estado de Israel y de los Convenios de Ginebra, lo que hace que la violación de estos últimos por parte de aquel se convierta en una contradicción que atenta contra los cimientos sobre los cuales se construyó el nuevo estado hace sesenta años.

En segundo lugar, porque cada bala que el ejercito israelí dispara en contra de la población civil palestina no combatiente atenta en contra de las normas internacionales que protegen a sus propios ciudadanos, a quienes en el mundo profesan el judaísmo y, en general, a todos los seres humanos que en algún momento dado se puedan encontrar atrapados en medio de un conflicto armado.

Si bien es cierto que resultan incuestionables el derecho y la obligación que tiene Israel de defender a sus ciudadanos, a sus bienes y a su soberanía, también lo es que resulta utópico pensar que las capacidades estatales de las que dispone podrán lograrlo con éxito en cualquier momento y en cualquier lugar.

Ni siquiera el más osado de los estrategas militares podría desmentir lo anterior ni descartar el escenario hoy remoto de que en algún momento Israel viera disminuida la ventaja militar, económica y geopolítica que hoy le permite situarse en una condición de franca superioridad frente a aquellos contra los cuales dirige sus ataques.

¿Qué pasaría si en diez, veinte o cincuenta años esta circunstancia se modificara, brindando a cualquiera de sus enemigos la posibilidad de atacarlo sin temor a ser devastado? ¿Es posible que Israel o cualquier otro país garanticen la seguridad de su población y su propia existencia como estado a través de las armas y no del derecho?

Precisamente frente a esta incapacidad práctica, los estados que integran el sistema internacional se han dotado a sí mismos de un orden jurídico dentro del cual se inserta con especial énfasis, por los derechos que tutela, el derecho internacional humanitario que, como ya se mencionó, tiene un origen común con la formación del moderno estado de Israel.

Sin ser ingenuos: respetar de manera consistente las normas y los mandatos de derecho internacional que de las mismas derivan no le garantiza a ningún país –menos aún a Israel– que no será objeto de una violación en contra suya o de sus ciudadanos, pero sí le proporciona una mayor legitimidad frente a la comunidad internacional para solicitar medidas defensivas legítimas.

En tercero y último lugar, el incumplimiento de parte de Israel de los Convenios de Ginebra y otros ordenamientos internacionales trascendería sus efectos jurídicos, trasladándose al ámbito relativamente nuevo de la naciente y creciente sociedad civil globalizada –organizada o no– cuya influencia política a nivel nacional condiciona cada vez más las decisiones de los actores políticos locales con trascendencia internacional.

Israel debe tomar en cuenta las voces –y votos– que por todo el mundo exigen a sus representantes respeto a las normas de derecho internacional humanitario y a los derechos humanos en general. Frente al nuevo rostro de la sociedad civil, cada vez más movilizada, sensibilizada y conciente del riesgo que representa para la supervivencia propia tolerar este tipo de acciones, resulta muy difícil sostener que para garantizar la seguridad de la población israelí es indispensable masacrar a civiles, incluso si se trata de las 4 esposas y los 11 hijos de Nizar Rayan, un objetivo militar válido.

Por ello, el argumento que sitúa a aquellos que critican su proceder como sus enemigos o, al menos, como sus no amigos, es a todas luces falaz. A partir de un enfoque de derechos humanos se puede estar a favor de la existencia del estado de Israel –y palestino–, en contra de la ideología fundamentalista que conduce los actos de Hamas y, a la vez, oponerse con firmeza a las violaciones del marco jurídico internacional que el ejército israelí presumiblemente ha llevado a cabo en los últimos días.

Cerrar indefinidamente los ojos a las reacciones de la comunidad global y del propio Consejo de Seguridad de la ONU –que, con la abstención de Estados Unidos, emitió una resolución exigiendo el alto al fuego– sería un error estratégico fundamental para una causa que se nutre de manera importante del apoyo internacional.

Así las cosas, por congruencia histórica, estrategia política y seguridad nacional Israel debe, en el corto plazo, investigar y detener las acciones que pudiesen constituir crímenes de guerra. En el mediano y largo plazos, se aprecia necesario un cambio de rumbo en su política internacional, más acorde con la nueva realidad global.
…
Apenas en diciembre pasado, en el marco del Master en Cooperación Internacional de la Fundación Ortega y Gasset, tuve la oportunidad de cursar el módulo de Derechos Humanos impartido por el Dr. Víctor de Currea-Lugo, reconocido especialista en la materia. Desafortunadamente, pasaron muy pocos días antes de que el conflicto en la franja de Gaza me permitiera intentar aplicar el enfoque de derechos humanos que el también asesor de asuntos humanitarios de Médicos sin Fronteras en Holanda defiende con pasión y con una sólida batería de conceptos jurídicos, filosóficos y éticos, que apuntala a partir de una basta experiencia de campo en la propia Palestina y en diversos países de América y África.