Crisis financiera: la "tormenta perfecta"

Contrario a lo que suele pensarse, la “tormenta perfecta” no es aquella en la que se conjugan los más inesperados elementos externos para crear una situación de extremo peligro, sino aquella en la que el capitán a cargo de la embarcación de que se trate no la ha avizorado o, habiéndolo hecho, no quiere o no sabe cómo reaccionar.

En pocas palabras, cualquier trajinera de Xochimilco en un día soleado es peligrosa para sus ocupantes si el navegante no tiene idea de cómo conducirla.

Al parecer es lo que sucede en España y, desafortunadamente, también en México.

En ambos países, los más altos responsables del buen funcionamiento de la economía se negaron a aceptar durante más tiempo del necesario lo que era evidente para la gran mayoría de los ciudadanos: la crisis tocaba a la puerta.

Es cierto que hace un par de años nadie la preveía y que hace un año no existía un consenso entre los expertos sobre si ésta llegaría.

Aunque también es verídico que a partir de enero sólo los más optimistas o ingenuos negaban su existencia y que desde hace pocos meses ya se comparaba a la actual situación con la “Gran depresión” que sacudió al mundo entero en 1929.

Comprendo muy bien que ni José Luis Rodríguez Zapatero, ni Felipe Calderón Hinojosa, ni sus respectivos gabinetes económicos, podían andar gritando a los cuatro vientos que se acercaba una tormenta financiera.

También me queda claro que los máximos responsables de la política económica de una nación deben aportar la mayor tranquilidad posible a los agentes económicos para que las cosas caminen bien.

Lo que no puedo entender y de ninguna manera justificar es que, con el pretexto de “cuidar lo que se dice” para evitar enviar malas señales a los mercados, los gobiernos no tomen las medidas necesarias para prevenir a su población y para intentar reducir el impacto en su economía de una situación adversa a nivel global.

Más aún, si consideramos que, aunque no existan recetas exactas para afrontar una crisis, sí es un hecho que para salir ella se requiere la participación del sector privado y del sector público.

Para tomar las decisiones más acertadas posibles, tanto unos como otros requieren contar con la mayor y mejor información disponible. Lo que desafortunadamente no sucede, pues en este aspecto los agentes privados se encuentran en una clara situación de desventaja frente a los públicos.

Porque la gran mayoría de los trabajadores, amas de casa, jubilados y pequeños empresarios no tienen en su nómina a un grupo de economistas y analistas financieros que les indiquen, con cierta anticipación, el rumbo que tomará la economía internacional.

El grueso de las familias mexicanas y españolas no tenemos la oportunidad de llamar al director del Fondo Monetario Internacional antes de pasar la tarjeta de crédito en el supermercado, comprar una vivienda o enviar a nuestros hijos a la universidad.

Asumimos que, aunque no contemos con la asesoría de la crema y nata del liberalismo económico, tenemos a nuestra servicio a un gobierno que responsablemente nos tendrá al tanto de cualquier información que resulte de utilidad para tomar nuestras decisiones económicas del día con día –lo que algunos denominan la “economía real”.

Estas decisiones, aunque no son tan visibles como las que toman los elegantes corredores de bolsa que aparecen en televisión, son aún más importantes para el buen transcurrir de la economía.

No intento sugerir que todos los días se nos entregue a domicilio una carpeta forrada en piel con el análisis de los mercados financieros, sino a que se actué con la responsabilidad de la que han carecido últimamente los gobiernos cuando diagnostican la situación económica actual y pronostican la futura.

Como si no fuera suficiente, a lo anterior se agrega el todavía más preocupante hecho de que al parecer los gobiernos español y mexicano, además de no tomarse la molestia de avisar, no aprovecharon el poco pero existente tiempo que les dio la crisis para reaccionar.

Muestra de ello es que el paquete económico – incluídas Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2009–, enviado por el gobierno federal de México a la Cámara de Diputados hace sólo veinte días, no consideraba la actual situación, lo que ha obligado a la Secretaría de Hacienda a cambiar a la baja su propia propuesta y a plantearse una modificación de los Criterios Generales de Política Económica, en los cuales se basó.

Es lamentable observar como, mientras cada uno de los países afectados discute la manera de resolver sus problemas y los de sus respectivos millones de habitantes –no de esa masa amorfa que se define como economía global–, nuestras autoridades se limiten a ver en tiempo real por CNN cómo las cámaras de senadores y de representantes de Estados Unidos aprueban el plan que pensamos nos salvará de la catástrofe.

A riesgo de parecer poco optimista, me atrevo a asegurar que ninguno de los 74 senadores y 263 diputados estadounidenses que votaron a favor del famoso plan de rescate estaba pensando en el bienestar de los 110 millones de mexicanos y 45 millones de españoles.

Y es que el “Fobaproa” de Washington y sus nada despreciables 700 mil millones de dólares, va dirigido a sanear el debilitado sistema financiero estadounidense y no a salvar los empleos de los trabajadores mexicanos y españoles.

Claro que su efecto será positivo, pero pensar que se trata de la panacea y que es el remedio absoluto en contra de la crisis es completamente irracional.

Es por ello que los tomadores de decisiones de cada uno de los gobiernos deben con la mayor velocidad posible, presentar un plan de contingencia serio para afrontar la tormenta, que pase por la elaboración de un diagnóstico real y consensuado de la realidad.

Ya no es posible sostener, como lo hacían las autoridades mexicanas hace apenas un par de semanas, que el impacto en México será “marginal” y que resistiremos ante cualquier embate.

Afortunadamente, nuestro destino no está de ninguna manera “escrito en piedra” y aun es posible reaccionar con efectividad, siempre y cuando haya conciencia de la situación y compromiso real para hacer algo.

Tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos 2009 deben ser la punta de lanza para afrontar y evitar que crezca la crisis, en la medida en que determinan los impuestos que debemos pagar y el destino que les otorga el gobierno a través del gasto público.

Hoy más que nunca se debe garantizar que la política fiscal cumpla sus funciones de asignación de recursos, distribución de la renta y estabilización económica con la mayor eficacia y eficiencia posibles.

http://www.oem.com.mx/elsoldehidalgo/notas/n878260.htm